El derrumbe en Gobernador Lagraña al 200 motivó la crítica renovada a las políticas de control en la ciudad de Corrientes, pese a que desde el Municipio se insiste en que la obra cuyos balcones se desprendieron por causas que todavía son materia de investigación, “cumplía todos los requisitos establecidos en la normativa vigente”.
El concejal Javier Sáez, del Partido Popular, aseveró que el problema radica en que no se realizan los controles necesarios para regular la actividad, y recordó que hay varias denuncias de vecinos que advertían irregularidades.
“Se habló de un antes y después del edificio de San Martín y no pasó nada”, señaló y aseguró, que “no hay recursos humanos suficientes en comparación a la cantidad de edificios, pero es el Municipio el que tiene que hacer que tenga mayores recursos. El año pasado ya lo estábamos planteando”.
El concejal fue uno de los primeros funcionarios públicos en llegar el jueves de la semana pasada hasta la zona del desastre.
“Uno queda impresionado con el derrumbe. Gracias a Dios, no hubo víctimas fatales ni heridos, sobre todo por las familias que viven al lado, que les cayó parte del edificio sobre el techo de su vivienda”, manifestó el edil, en declaraciones a la prensa.
Así como lo indican los vecinos de obras irregulares en construcción, Sáez planteó que las denuncias estaban realizadas, y que, sin embargo, persistía la falta de control municipal.
Si bien los daños en el derrumbe del barrio Aldana fueron solo materiales, el concejal se manifestó conmovido ante la probabilidad de nuevas víctimas fatales, si hubiera habido en el momento del derrumbe obreros trabajando o transeúntes en la vereda.
“Cayeron cuatro balcones, fue realmente muy grave lo que sucedió”, recalcó Sáez, quien sentenció: “Si no se toman medidas drásticas ya, esto se va a agravar. Hay organismos de los distintos sindicatos que también tienen que controlar. Lo grave de este edificio es que tuvo denuncias por parte de un vecino por irregularidades, pero no hay ganas de controlar”. Rememorando el caso del edificio de San Martín, indicó que se había aprobado un protocolo de derrumbe, que permite al Municipio a tirar abajo lo que no esté autorizado. “Nos reunimos con la fiscalía para que el municipio pueda llevarlo más rápido, lo que sucede muchas veces es que los empresarios hacen mas allá de lo que están autorizados”, puntualizó el referente del Partido Popular.
Martes, 26 de noviembre de 2013
