El oficialismo no logró anoche legitimar al Ejecutivo provincial a reclamar a la Nación y a la represa Yacyretá por los daños en la zona inundada meses atrás, por la apertura de las compuertas. No congregó los dos tercios necesarios.
En la sesión de la Cámara de Diputados de ayer, volvió a comisión el proyecto de ley para la declaración de zona de desastre y en emergencia a la isla Apipé, por el cual se pretende también facultar al Ejecutivo a iniciar acciones contra la Nación y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por los daños causados a los habitantes del lugar, meses atrás, tras la apertura inconsulta de las compuertas de la represa.
El proyecto, considerado como el más importante de la sesión desarrollada anoche, había sido impulsado por el Ejecutivo provincial y cuenta con media sanción del Senado. No pudo ser aprobado ayer porque el oficialismo no congregó la cantidad de voluntades necesaria, dado que, al no tener despacho de comisión, precisaba del aval de los dos tercios de los presentes.
El tratamiento del expediente estaba previsto para la sesión del 31 de julio, oportunidad en la que el oficialismo estuvo a un voto de aprobarlo, pero con el cambio de posición del diputado panuista Omar Yung (actualmente afín al kirchnerismo), en la labor parlamentaria se acordó que el texto regrese a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con preferencia para ser tratado “dentro de dos sesiones”.
Consecuentemente, tras 9 semanas de inactividad legislativa, ayer se cumplió ese lapso y el proyecto debía analizarse indefectiblemente. Para su aprobación necesitaba de mayoría calificada, es decir, 16 votos afirmativos sobre un total de 23 diputados (debido a la ausencia del justicialista Carlos Farizano, el liberal josefinista Miguel Chango Pérez y la radical Nidia Vivas).
El kirchnerismo, desde donde se pretende obstaculizar el proyecto, elaboró una estrategia tendiente en la petición de su avance en el recinto, a sabiendas de que la alianza Encuentro por Corrientes (ECO) no lograría congregar 16 voluntades. Así, los 6 legisladores del Frente para la Victoria (Luis Badaracco, Alicia Locatelli, Carlos Rubín, Irma Pacayut, Tamandaré Ramírez Forte y Víctor Hugo Vallejos) pidieron su tratamiento, con el acompañamiento de Omar Yung (Panu), Sonia López (Partido Comunista) y Ángel Rodríguez (Crecer con Todos), para poder así abolirlo definitivamente.
Por su parte, ECO lograba aunar 14 votos, contabilizando los 6 radicales presentes (Héctor López, Osvaldo Fagetti, Adán Gaya, Graciela Insaurralde, Jorge Molina y Alina Goyeneche), los 4 de Encuentro Liberal (Pedro Cassani, Juan José Fernández Affur, Jorge Quintana y Ramón Simón), Nora Nazar (Partido Nuevo) Rufino Fernández (Proyecto Corrientes), Marly Brisco (Partido Autonomista) y Manuel Sussini (Compromiso Correntino). Ante la imposibilidad de la aprobación, el oficialismo solicitó que el texto regrese a la comisión, moción que fue cumplida.
De esta manera, el sector que responde al gobernador Ricardo Colombi en Diputados pretenderá en las semanas siguientes obtener despacho favorable en Asuntos Constitucionales, comisión presidida por Jorge Quintana (y que cuenta con el apoyo de Goyeneche, Nazar y Sussini, ante la única negativa de Rubín), para ulteriormente tratarla en el recinto, ya con la necesidad de mayoría absoluta (la mitad más uno de los legisladores presentes), con lo que la sanción sería alcanzable.
Alumbrado público
Se aprobó además un proyecto de resolución con el que se solicita a la Municipalidad, encabezada por Camau Espínola, que informe sobre las facturaciones y percepciones de la tasa de alumbrado público desde enero de este año. “Esta tasa por consumo domiciliario no corresponde, porque, a mayor consumo interno, más alumbrado público se paga”, explicó anoche el autor del pedido, Ramón Simón.
TEXTUAL
La responsabilidad, lógicamente, es de Yacyretá, pero la oposición no lo reconoce.
Héctor López, diputado provincial (UCR)
Jueves, 10 de octubre de 2013
