El caso está siendo atendido desde la Defensoría de Pobres y Ausentes Nº2, desde donde promueven una acción judicial para que sea indemnizada. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos indicaron que el error fue judicial y no del Estado provincial.
En medio del pesar de María del Carmen Viera, condenada a 13 años de prisión pese a ser inocente, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia descartan que el Estado provincial esté en el deber de indemnizarla económicamente ya que aducen que la responsabilidad en la falla del proceso penal recae en el Poder Judicial.
Viera fue condenada en el año 2000 por el Tribunal Criminal de Paso de los Libres, cuando el Poder Judicial estaba intervenido, y cuya inocencia se determinó recién en abril de este año, por los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.
La mujer había sido condenada a cadena perpetua por el supuesto asesinato de su hijo recién nacido, en el contexto de un parto precario. En este caso, según lo explicado por Nora Maciel, titular de la Defensoría de Pobres y Ausentes Nº2, el fallo del tribunal de Libres se basó en pruebas recabadas en el lugar de los hechos por un forense, y que determinaron la estrangulación del pequeño. “En el informe, que fue calificado como temerario por parte de los miembros del STJ, se había especificado la asfixia por estrangulación basada en la rotura de una clavícula, cuando todos sabemos que los recién nacidos no tienen clavícula pero si cartílago que en algunos casos se rompe para que el chico pueda salir a través del canal del parto”, recordó Maciel.
Maciel explicó que a raíz de esta condena que carecía de pruebas fehacientes, María del Carmen se adaptó a la situación de encierro.
“Tuvo un comportamiento ejemplar en el Pelletier, lo que llevó a la revisión de la causa. Pero durante todo ese tiempo, sus cuatro hijos vivieron en Mercedes con sus padres. Su padre falleció cuando ella estaba detenida; ella genera un vínculo con los chicos; se capacita pero hace una semana perdió su mamá y son unos tras otros los golpes de la vida que recibe”, detalló la titular de la Defensoría Nº2.
Por el problema, Maciel comentó que lo “justo” es una indemnización por parte del Estado y en virtud de ello, en mayo, se acercó la abogada junto a Viera a la oficina de Eduardo Hardoy, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, pero “sin apoyo ni respuestas hasta el momento”.
“Sucede que hay una necesidad de reparar la situación de esta mujer, que fue despojada de su vinculo familiar y que éste a su vez fue dañado, pero no recae la responsabilidad en el Estado provincial sino en el Poder Judicial”, dijo por su parte Manuel Cuevas, subsecretario de Derechos Humanos de Provincia.
“El Fiscal se puede equivocar pero no los jueces, ellos proponen pero el que decide es el juez, y en este caso el tribunal, en ellos cae la responsabilidad”, remarcó Cuevas a este diario.
No obstante ello, apuntó la necesidad de contener a la mujer, cuya salud psicológica se encuentra afectada, al igual que su vínculo familiar.
“De cualquier manera, en este caso, hay un problema social por la vulneración de los derechos humanos de ella y de sus hijos. En nuestro caso, estamos en el deber de intervenir, de asistir y contener”, remarcó el titular de dicha área provincial.
En ese marco, Cuevas dijo haber estado en desconocimiento de la situación se Viera, pese a que fue dada a la luz a través de distintos medios periodísticos locales. Sin embargo, aclaró que habrá un acercamiento de esa Subsecretaría para poner a disposición los recursos necesarios.
Miércoles, 25 de septiembre de 2013
