Utilizaban actas de allanamiento para requisar locales y exigían dinero a cambio de no secuestrar bienes. Son cuatro efectivos que recibieron condenas a prisión y una inhabilitación para ejercer cargos como funcionarios públicos. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó un fallo que sentenció a funcionarios policiales de la Delegación Mendoza de la Policía Federal. Los policías Juan Manuel Merlo, Marcelo Guerra, Héctor Calderón, Daniel Zurita y Guillermo Pizarro estaban imputados por un supuesto procedimiento judicial realizado en mayo de 2007 en el local comercial denominado "Videomundo", ubicado en el Mendoza Plaza Shopping.



Los cuatro habían recibido condenas de entre cuatro y seis años de prisión, además de una inhabilitación especial para ejercer cargos como funcionarios públicos de entre ocho y 12 años.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi y Mariano Hernán Borinsky, convalidó la sentencia dictada el 28 de agosto de 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, en cuanto condenó a funcionarios policiales de la Delegación Mendoza de la Policía Federal Argentina por considerarlos responsables del delito de exacciones ilegales.

En el fallo recurrido se constató que el personal de las Brigadas I y II con asiento en la Delegación Mendoza de la Policía Federal Argentina se servían de las órdenes de allanamiento libradas por los jueces en el marco de distintas investigaciones para constatar la existencia de mercadería en infracción a las leyes N° 11.723 -Régimen Legal de Propiedad Intelectual- y N° 22.362 -Ley de Marcas y Designaciones- y que, una vez verificada la infracción, los policías le exigían a sus propietarios dinero para evitar el secuestro de los bienes o para garantizarles que serían alertados con anterioridad frente a nuevos procedimientos ordenados por la Justicia.

En tanto, uno de los funcionarios policiales de la referida repartición fue encontrado responsable de solicitar dinero a cambio de adelantar los trámites para lograr la libertad de algunas de las personas que habían sido trasladadas a esa repartición policial, a los fines de averiguar sus antecedentes.

Martes, 3 de septiembre de 2013