El movimiento de obreros en el edificio de la calle San Martín 652 despertó la atención de las familias lindantes. Enviaron dos pedidos de explicaciones a la Comuna, pero hasta el momento no recibieron respuestas.
Las familias que viven en la cuadra de San Martín al 600 están en alerta por trabajos que se realizan en la obra donde ocurrió la tragedia de 2012, cuando 8 obreros de la construcción perdieron la vida. El movimiento de trabajadores prendió el alerta en los vecinos, en especial, del damnificado por el derrumbe, Enrique Zarabozo, quien envió dos pedidos de informes al Municipio y sigue a la espera de una respuesta.
Desde que advirtieron el ingreso de obreros al edificio de San Martín 652, vecinos de la zona temen que los propietarios hayan decidido avanzar con la obra, pese a las restricciones que dispuso la jueza de Instrucción Nº 6, Graciela Ferreyra, cuando entregó la propiedad a William Mayer, en calidad de depositario judicial.
En forma particular, Zarabozo –cuya vivienda sufrió serios daños en el contexto del derrumbe trágico– envió dos pedidos de explicaciones a la Municipalidad de Corrientes, pero hasta el momento no recibió respuestas, dijo a La República.
Zarabozo precisó que el primer movimiento de obreros en el edificio se produjo el pasado 15 de julio, diez días después de haber sido entregado a los propietarios, y que finalizada la feria administrativa de invierno, presentó la primera nota ante Mario Cocomarola, asesor jurídico general del Municipio.
Debido a la demora de la respuesta a su inquietud, y dado que los trabajos en la obra continúan, decidió insistir el viernes de la semana pasada, con un segundo pedido de información oficial dirigido a la Comuna.
“No tuvimos respuestas, pero en la obra hay movimientos, pusieron barandas, sacaron escombros, metieron materiales”, especificó el vecino a este diario.
“Hoy (por ayer), en el último piso hay una especie de bandeja con puntales metálicos y se escucha el martillo neumático que está trabajando desde ayer (por el lunes) a la mañana, y entran y salen obreros todo el día”, describió.
Asimismo, Zarabozo precisó que son alrededor de 5 las personas que a diario llegan a la obra para trabajar, aunque el damnificado por la tragedia en 2012 desconoce si las tareas son solo de limpieza, si quieren poner al edificio en condiciones de seguridad, o si el propósito real es el de continuar edificando.
“Por eso urge una respuesta del Municipio, porque son ellos los que tienen el poder de policía y deben controlar la obra, que –recordó– estaba paralizada en el momento del derrumbe”.
Asimismo, lamentó el retraso en el envío de una devolución a las notas que presentó en mesa de entradas de la Municipalidad, sin embargo, dijo que no lo sorprende porque “es un Municipio que se caracteriza por la falta de comunicación”.
Por su parte, tras tomar conocimiento del hecho, el abogado querellante, Ernesto González, anticipó que hoy realizará sendas presentaciones ante el juzgado y el Municipio, a fin de clarificar la razón de los trabajos que se realizan en el edificio.
“El Municipio es quien tiene todo el poder de policía, vamos a esperar los informes, y si hay alguna violación a lo dispuesto por la jueza, pediremos estrictas sanciones”, anticipó a La República.
LA CAUSA
En junio, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal pidió informes para resolver los recursos que plantearon las partes, tras el procesamiento al intendente Carlos Mauricio Camau Espínola, dos funcionarios municipales, seis empresarios y un capataz, dictado por la jueza de Instrucción N° 6, Graciela Ferreyra.
Los funcionarios municipales a los que alcanzó el proceso fueron el secretario de Economía, Martín Barrionuevo, y el director de Obras Particulares, Daniel Bedrán.
Para Barrionuevo, Bedrán y Espínola, los delitos imputados son: incumplimiento de los deberes de funcionario público (omisión de deberes de oficio), estrago culposo agravado por el peligro de muerte y por el resultado de muerte, homicidio culposo agravado por ser más de una las víctimas fatales.
Los abogados de la querella pidieron que el proceso quede firme y que se juzgue a los procesados por homicidio doloso.
Finalizado el receso administrativo, esperan que la cámara resuelva en breve sobre la confirmación o no del fallo de la jueza Ferreyra.
Miércoles, 7 de agosto de 2013
