Un exaltado intendente capitalino admitió ayer el desembarco de la organización liderada por Milagro Sala en Corrientes, pero aseguró que los terrenos son municipales, algo que no dicen los papeles.




El intendente de la Capital, Carlos Mauricio Camau Espínola, salió ayer a tratar de minimizar el impacto del intento de usurpación con apoyo municipal de terrenos privados reservados para un espacio verde, denunciado por los vecinos del barrio Molina Punta y del que La República se hizo eco afirmando que los terrenos en cuestión son municipales, algo que no es cierto de acuerdo con toda la documentación existente no solo en los organismos competentes, sino en manos de los propietarios del predio y en poder de la Justicia.
Los terrenos que representantes de la Tupac Amaru intentaron usurpar, pertenecen a Decavial SA, una empresa que no solo figura como titular del predio en los registros dominiales, sino además, expuso ante la Justicia documentación y hasta pago de impuestos por el lugar. Los terrenos, un total de 16 hectáreas, están reservados para un espacio verde de uso público, único fin que pueden tener de acuerdo con ordenanzas municipales y decretos provinciales, algo sobre lo que el intendente capitalino parece no entender mucho.
Siguiendo la lógica kirchnerista de echar la culpa de todo a los demás, el intendente Espínola aseguró que las “intensiones de instalar ‘villas’ porteñas en predios del barrio Molina Punta son maniobras “impulsadas por el Gobierno provincial”, aunque dijo que van “a hablar con los vecinos para debatir, y evitar problemas”, pero terminó reconociendo que la Tupac Amaru “tiene planes para construir casas”.
“Es una cooperativa de sistema de construcción de viviendas que ha conseguido la financiación de las primeras 100 viviendas, dijo Camau respecto de la Tupac Amaru, organización que es liderada por la jujeña Milagro Sala y que ha quedado muchas veces en el centro de la escena no solo por la no rendición de millonarios fondos que recibe de la Nación, sino por hechos ligados con el narcotráfico.
Justamente, una delegada de esa organización, por lo menos se presentó como tal, Karina Romero Castro, estuvo el 1 de junio en el barrio Molina Punta, alrededor de las 16, para realizar una asamblea con unas 80 personas que llegaron al lugar en la esquina de Las Dalias y José Negro, frente a los predios que planeaban usurpar.
Allí dio detalles a sus convocados de los planes del grupo. Entrar al lugar, dividirlo, y asentarse con carpas o casas precarias mientras construían, “en un principio”, 48 viviendas. De la asamblea, Romero Castro se fue a la comisaría 17ª a realizar una exposición, anunciando que iban a tomar el predio con el conocimiento del secretario de Obras Públicas municipal, Pierino Colombo, y la autorización del intendente de la Capital, Carlos Espínola. Lo dejó asentado en una exposición policial.
La denuncia penal de los vecinos del barrio Molina Punta no se hizo esperar, con pedido de cautelar penal incluida. La resolución judicial fue notificada el último lunes, día en que se presentó además, una cautelar civil.
Ayer, directivos de la empresa Decavial SA desembarcaron en Corrientes con la documentación que acredita su propiedad sobre las 16 hectáreas. En manos de la Justicia ya se encuentran además, los informes de los organismos encargados del registro de las propiedades que acredita que esa firma es la propietaria del predio, o sea que al intendente de la Capital alguien le informó mal, muy mal, o sino está faltando a la verdad.

Piden informe

Concejales del interbloque opositor de la Capital pedirán hoy tratamiento para un proyecto de resolución, a través del cual solicitan al intendente Carlos Mauricio Camau Espínola que informe de manera detallada los alcances del plan de viviendas que se llevaría a cabo en el barrio Molina Punta, con la colaboración de la agrupación Tupac Amaru. Tras la polémica por la probable reubicación de familias porteñas en el barrio Molina Punta, el concejal José Luis Ramírez Alegre (UCR) pidió al intendente Espínola que informe al cuerpo de concejales de la ciudad de Corrientes sobre el plan que el Municipio llevaría adelante con la ayuda del movimiento que dirige Milagro Sala a nivel nacional. “Queremos que el intendente informe qué es lo que se va a hacer en ese lugar”, dijo el radical.

Se quejó de su propio pedido

El intendente Carlos Mauricio Camau Espínola durante sus incursiones mediáticas tratando de despegarse de los escándalos de su administración, volvió ayer a la carga intentando defenderse del procesamiento que recibió por parte de la Justicia penal correntina por su responsabilidad en la muerte de 8 obreros de la construcción asegurando que “me llama la atención la rapidez de la decisión de la jueza Ferreyra”, ocultando así una vez más la verdad que fueron sus mismos abogados quienes a fines de marzo pidieron en el expediente por última vez que su situación procesal sea resuelta. En otras palabras, le pidió algo a la jueza, ésta le concedió y ahora se queja.
“Me llama la atención las decisiones que se tomaron tan rápidamente. También me llama la atención que una jueza salga a explicar su decisión. Hoy me toca a mí, pero mañana le puede tocar a cualquier ciudadano común”, dijo Espínola y tiene razón, así debe ser, él o cualquier ciudadano debe responder ante la Justicia si tiene responsabilidad en la muerte trágica de una persona, ni hablar si son 8.
Tras reclamar que quiere tener repuestas directas del Gobernador, “porque por cualquier accidente que pase debería tener cierto grado de responsabilidad” (definitivamente de derecho no sabe nada), volvió a ponerse en papel de víctima con algo irreal: “Es el camino que se está buscando para llegar a mi proscripción. Son pasos legales que se dieron y a veces generan dudas”, dijo sin saber que su procesamiento, así quede firme en la Cámara no le impide ser candidato y que a juicio oral y público la causa no llegara hasta 2014, cuando ya no sea más intendente ni tenga elecciones a la vista.
Repasando, se queja de la decisión de la jueza alegando su propia torpeza (haber urgido la resolución de su situación) y se victimiza alegando que se busca proscribirlo, algo imposible en los hechos para cualquiera que sepa tres líneas de derecho. ¿Adónde quiere llegar? (AZ)

Jueves, 6 de junio de 2013