Los ministros del máximo organismo judicial de Corrientes consideraron que los policías procesados sabían que tenían la posibilidad de facilitarle la salida al preso.

Antes de ser descubierto, la familia de Lisandro Ojeda había advertido de varias salidas previas.

EL Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo público ayer el rechazo al pedido de suspensión del juicio a prueba para dos funcionarios de la Policía de la provincia que estaban encargados de la custodia de Roque Waldemar Ugalde, a quien le permitieron asistir a un boliche goyano, ciudad en la que estaba recluido, pese a que ya había sido condenado a 8 años de prisión por el crimen de Lisandro “Chino” Ojeda a comienzos del mes de marzo de 2006 en la localidad de San Roque. Para los jueces del máximo organismo judicial de la provincia, los funcionarios policiales omitieron el cumplimiento de la ley de ejecución de penas privativas de libertad.
A través de la sentencia Nº103/12 los ministros Alejandro Alberto Chain, Guillermo Horacio Semhan y Carlos Rubín consideraron que se estaba en presencia de circunstancias que impedían la suspensión del juicio a prueba.
En sus fundamentos, los ministros del Superior Tribunal argumentaron que los imputados, por ser funcionarios policiales de la Sección Alcaidía de Goya, “contaron con la posibilidad material de sacar de la esfera de custodia de la institución a un detenido afectado por una prisión cautelar para concurrir a un local bailable”.
El episodio ocurrió en la madrugada del 1 de marzo de 2008, cuando los procesados Bernardo Ramón Miño y Mario Antonio Sosa omitieron el cumplimiento de la ley de ejecución de penas privativas de libertad, al permitir la salida del lugar del detenido Roque Waldemar Ugalde.
La defensa de ambos cuestionó que en la instancia inferior el juez se hubiera apartado del criterio amplio para otorgar la probation, y argumentó que no se podía denegar esa pretensión a una persona por el hecho de ser funcionario público.
La Fiscalía General dictaminó también por el rechazo de los recursos de casación, al entender que la norma que deniega la suspensión del juicio no atrapa sólo a hechos delictivos funcionales sino a todos aquellos que se cometan en el desempeño de las funciones que le son propias.

El caso
Desde fines de agosto del año 2007 Ugalde había quedado recluido en la sección Alcaidía de la Unidad Regional de Goya aunque, según contó a época la familia de Lisandro “Chino” Ojeda en aquella oportunidad, “tenía más que privilegios de un preso VIP”. Fue tras el primer juicio que lo condenaba a 8 años de prisión por el homicidio de Ojeda. Un año más tarde se realizaría un nuevo juicio que rebajaba en 2 años aquella pena por considerar que fue un homicidio preterintencional.
Las vinculaciones políticas que tenía el propio Ugalde hacían que su estadía en cualquier lugar de detención sea completamente distinta a la de un preso común.
Las denuncias las había formulado María Rosa Blanca Amarilla, madre de Lisandro, pero no fue sino hasta inicios de marzo de 2008 que la Justicia pudo comprobar que los dichos de la mujer y el resto de la familia de “Chino” eran ciertos, desatando un verdadero escándalo en las filas policiales.
María Rosa Blanca Amarilla, madre del “Chino”, dijo que el teléfono sonó en su casa alrededor de las 10 de la mañana del domingo 2 de marzo, horas después de que Roque Waldemar Ugalde fue visto en el boliche “Gigante” de la ciudad de Goya, acompañado por algunos efectivos policiales.
Una voz masculina que no pudo identificar le dijo: “Ugalde, el que mató a Lisandro, estuvo bailando y borracho en el boliche Gigante, de la ciudad de Goya”, y tras esta revelación la llamada se cortó.
A sólo días de haber recibido la condena por el homicidio de Ojeda la familia recibió varios llamados anónimos alertando de que Ugalde no cumplía correctamente con el encierro que fijaba la condena.
Luego del crimen de Lisandro, ocurrido los primeros días de marzo de 2006, Ugalde se escapó de San Roque y estuvo en calidad de prófugo 90 días, hasta que la Policía correntina lo halló en Buenos Aires, donde se ocultó durante todo ese tiempo.
El homicidio se produjo tras un enfrentamiento entre Ugalde y Ojeda; este último, en aparente estado de ebriedad, habría increpado a Ugalde, quien lo atacó a golpes de puño provocando que al caer al piso Lisandro tuviera fractura de base de cráneo que luego le provocó la muerte.
Para la familia de Ojeda, Ugalde siempre gozó e hizo uso y abuso de sus influencias con altas figuras del mundo político provincial. Tras aquel incidente, la cúpula policial removió a las autoridades de la Alcaidía de Goya y la Justicia ordenó el inmediato traslado de Ugalde a la Unidad Penal Nº1, donde quedó alojado.

Miércoles, 31 de octubre de 2012