El suboficial mayor de Gendarmería Corrientes Ramón de Jesús Giménez fue notificado ayer de la sanción. El jefe de Ministros del Ejecutivo Nacional defendió el decreto 1307. Descartó además un piso de $7 mil.
Fue pasado a disponibilidad el vocero correntino de los gendarmes que desde el miércoles pasado se manifestaba junto a prefectos en la capital correntina. Se trata del suboficial mayor Ramón de Jesús Giménez y la notificación llegó minutos después de la conferencia en que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, defendió el decreto 1307, descartó el piso salarial de 7 mil pesos y anunció “acciones judiciales” tras constatar la existencia de “una industria del juicio” en torno a los haberes del sector. Esta última situación toca de cerca a Corrientes. Los efectivos de las fuerzas no levantaron la protesta.
El suboficial mayor de Gendarmería Ramón de Jesús Giménez tiene 33 años de servicio en Gendarmería y el domingo último fue elegido por sus pares para encabezar (junto al mayor retirado Alfredo Gallo) a nivel local la protesta salarial que comenzó hace una semana en Buenos Aires. El plan de lucha surgió tras la aplicación de un decreto (el número 1307) que produjo descuentos de hasta el 60 por ciento.
Ayer Giménez, a quien le faltaban dos años para retirarse, recibió la notificación de su pase a disponibilidad. “Mañana (por hoy) voy a ir a firmar la notificación”, comentó el gendarme a El Litoral y estimó: “Después del pase a disponibilidad seguramente viene el pase a retiro”, marcó, en tanto contó que por el momento nadie le explicó las razones de esta sanción.
“Yo estaba al frente de la protesta pero siempre inculqué que este era un reclamo netamente salarial, no era algo contra la ciudadanía ni contra el Estado”, expresó el gendarme. Contó entonces que hasta ayer cumplía funciones en la agrupación Nº3 de Corrientes, “yo era el nexo entre el personal subalterno y el jefe”, dijo.
La respuesta
Durante la siesta de ayer, el jefe de ministros del Gobierno Nacional Juan Abal Medina y el ministro de Hacienda Hernán Lorenzino defendieron públicamente la cuestionada normativa, denunciaron la existencia de una “industria del juicio” y confirmaron que iniciarían acciones contra quienes sacaron réditos de ella. En Corrientes, por ejemplo, el caso más resonante fue el de la destituida jueza de Santo Tomé, Graciela Duarte, quien tenía unos 7 expedientes que nunca fueron girados a la justicia federal.
Pero esto no conformó a los prefectos y gendarmes que confirmaron la continuidad del plan de lucha y no descartaron un recrudecimiento de las acciones.
Jueves, 11 de octubre de 2012
