El organismo prepara un desembolso para las próximas semanas.
Para 2025, hay 5 proyectos por US$ 3.000 millones.
Alertó por la indigencia y la falta de apoyo en el Congreso.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó su nueva estrategia para la Argentina entre 2025 y 2028, un plan acordado con el Gobierno que define cómo se gastará el financiamiento por un total de US$ 10.000 millones anunciado en abril pasado.

Según la hoja de ruta, las principales áreas de interés serán las reformas para reducir el gasto, "liberalizar" la economía y reducir la pobreza, junto con una mayor eficiencia del sistema de salud, en particular el PAMI.

El paquete financiero por US$ 10.000 millones no es de libre disponibilidad, sino que está sujeto a las aprobaciones del organismo y los desembolsos se van liberando en virtud del ritmo de ejecución de los programas.

Del monto total previsto hasta 2028, el BID destinará US$ 7.000 millones para respaldar iniciativas del sector público, mientras que el BID Invest -el brazo del banco orientado a las empresas- canalizará US$ 3.000 millones para fortalecer la inversión privada, según informó el organismo.

El paquete contempla un desembolso mínimo de US$ 3.000 millones en 2025, US$ 2.500 millones en 2026, US$ 2.600 millones en 2027 y lo mismo en 2028. Sin embargo, si se excluyen los repagos de capital y los intereses, el flujo neto que recibirá Argentina es de US$ 700 millones en total durante los cuatro años.

"Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para promover un crecimiento económico sostenido y resiliente liderado por el sector privado, que contribuya a la creación de empleos de calidad, la reducción de la pobreza y una mayor conectividad con alto retorno social”, afirmó Viviana Alva-Hart, representante del BID en Argentina.

El informe de 51 páginas señala que Argentina sigue en proceso de recuperación, pero que enfrenta desafíos relevantes, como la liberalización de los controles de capital, la aceleración de la inversión privada y la formalización laboral.

"El desafío más significativo en lo social es bajar la tasa de pobreza, que ha oscilado entre 25% y 53% en los últimos 20 años. A lo largo de 2024, la pobreza cayó de modo considerable de 52,9% en el primer semestre a 38,1% en el segundo semestre, marcando un punto de inflexión", indica el reporte.

Sin embargo, advierte que "la tasa de indigencia se mantiene elevada (18,1% en su punto más alto) y más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años se encuentran en situación de pobreza".

También destaca que la tasa de informalidad laboral y la tasa de población económicamente activa se sitúan en 36,1% y 48,8%, respectivamente, que la pobreza es mayor en las regiones Nordeste y Noroeste, y en el conurbano bonaerense, y el 23,7% de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza financiera, en contraste con el 15,3% de la población sin discapacidad.

En cuanto a la estabilidad, el banco destacó el programa con el FMI coordinado con la propia entidad y el Banco Mundial, que el Banco Central logró levantar los principales controles de capital y avanzar en un régimen de flotación cambiaria con el objetivo de establecer la libre movilidad de capitales. "La consolidación de la estabilidad macroeconómica es clave para reestablecer el acceso al financiamiento externo", dijo el BID.

En su diagnóstico, la entidad señala que Argentina mantiene una baja tasa de innovación, ubicándose en el octavo puesto en América Latina. Asimismo, la cantidad de empresas exportadores de bienes retrocedió desde 14.444 a 9.567 en los últimos 14 años, siendo particularmente negativo para la productividad y la formalización laboral.

Para poder enfrentar estos desafíos, el BID plantea que hace falta aumentar la eficiencia del gasto y enfrentar desafíos en materia de recaudación, de la política previsional y en la eficiencia técnica y de asignación del uso de los recursos del estado, como en remover los obstáculos regulatorios.

En otro apartado del documento, la entidad definió que los principales "riesgos macroeconómicos" son de naturaleza fiscal, del sector externo y políticos, asociados a la posición de liquidez externa y de mayorías legislativas.

"Los tiempos de reformas clave pueden extenderse por falta de mayoría en el Congreso y la potencial fatiga social ante medidas de ajuste", advierte.

También menciona que "los shocks externos que deterioren los términos de intercambio y las condiciones financieras internacionales pueden impactar sobre costos operativos y el espacio fiscal y sobre las inversiones privadas".

La estrategia de "mitigación" incluye fortalecer la agenda social y mejorar el sistema de protección social. Para los riesgos de liquidez externa, se planea hacer un monitoreo regular y facilitar el uso de instrumentos de cobertura a la par de apoyar el desarrollo del mercado de capitales local, junto con el acceso a instrumentos contracíclicos.

Mientras que en materia ambiental, climática y social, los proyectos presentan "altos riesgos contextuales debido a la neutralización de obras por restricciones fiscales, dejando posibles pasivos ambientales y sociales".

Reformas
Para 2025, hay cinco proyectos de financiamiento por US$ 3.000 millones, de los cuales ya se desembolsó un tercio del total. El primero fue la reforma de los subsidios al transporte puesto en marcha a principios de año, el segundo fue un desembolso de US$ 500 millones para apoyar el acuerdo con el FMI; el tercero será la reforma tributaria para mejorar la recaudación; el cuarto, una reforma regulatoria; y el quinto, un programa para hacer más eficiente al PAMI.

Según el BID, Argentina enfrenta una elevada presión tributaria derivada de la implementación de impuestos distorsivos. "En las últimas dos décadas, la presión tributaria federal y provincial se ha incrementado de 16% a 25% del PIB y de 3% a 5% del PIB, respectivamente", señaló el informe.

En ese marco, el plan es contribuir a la sostenibilidad fiscal, reduciendo la importancia en la recaudación de impuestos "distorsivos" de la actividad económica y eliminando exenciones y deducciones que limitan la capacidad recaudadora, junto con reformas de gasto. El BID asistirá a ARCA en el financiamiento de programas de eficiencia y simplificación administrativa.

En cuanto al sector privado, el banco encontró que Argentina presenta un marco regulatorio "desactualizado" y falta de incentivos para la inversión.

Por ello, apoyará reformas para reducir las cargas regulatorias, la mejora en la evaluación y monitoreo de los sectores de minería y energía, con especial foco en minerales críticos. En el sector eléctrico, se avanzará en la "focalización de subsidios y la optimización de tarifas", y se buscará mejorar la calidad de los servicios de infraestructura de transporte y la logística.

Por último, para atender los déficit en materia social, el banco prevé la reforma de programas de trasferencias monetarias a población vulnerable, en particular a hogares con mujeres embarazadas y niños y niñas y/o adolescentes, la focalización de los servicios públicos de cuidado a la primera infancia, la provisión de servicios esenciales, fortaleciendo la atención primaria, y se buscará apoyar a inversiones privadas en proyectos hospitalarios e intensivos en tecnología, así como el apoyo a procesos de participación privada o privatización en el sector de los servicios de agua y saneamiento.



Miércoles, 16 de julio de 2025