A Gabriela Nahir Fernández se le agravó la acusación porque en el momento de los abusos, sabía que tenía una enfermedad de transmisión sexual.

Gabriel Fernández ingresó a la cárcel cordobesa de Bouwer en octubre de 2016, y un año más tarde fue condenado a tres años de prisión. Pero mientras se ejecutaba su pena, le declaró a la Justicia que se autopercibía mujer.

Tras esto se cambió de género, y fue transferida en diciembre de 2018 con su nuevo nombre Gabriela a la prisión de mujeres. Allí violó a siete presidarias. Ahora, elevan a juicio la causa con un agravante: durante los abusos, la detenida sabía que tenía sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, y contagió a sus víctimas.

La acusación fue elevada por el fiscal Juan Ávila Echenique, quien apuntó contra Gabriela Nahir Fernández, de 34 años, acusándola de ser probable autora penal de los delitos de abuso sexual simple reiterado (marca dos hechos puntuales) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas; calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave. Este último ítem podría agravar la eventual condena que reciba.

En la acusación, además, la considera "coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores": habría sido acompañada en las violaciones por otras dos presas. Por ello, el caso se agrava aún más por la acusación de "uso de arma en grado de tentativa".

En este punto, el fiscal elevó la acusación a Rocío Belén Montoya, de 26 años, y a Ingrid Roxana Florindo, de 42, como "probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en compañía de la principal acusada, Fernández.

Gabriel Fernández ingresó al penal masculino en 2016 y fue trasladado al femenino en 2018. (Foto: Gentileza La Voz)Gabriel Fernández ingresó al penal masculino en 2016 y fue trasladado al femenino en 2018. (Foto: Gentileza La Voz)
Según se informó, la elevación a juicio señala a Fernández como responsable de siete abusos sexuales. En tanto que las otras dos reclusas tienen atribuido ser coautoras de los delitos contra una sola víctima.

Si bien todas las acusadas están dentro del penal femenino, en el caso de la principal imputada quedó recluida en un pabellón de aislamiento que está dentro de la cárcel cordobesa.

Las señales no escuchadas y la posición de Patricia Bullrich
Fernández había sido denunciada por su expareja por "violencia de género". Y fue la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezó la protesta contra las resoluciones judiciales que habilitan los cambios de lugar de detención por el género autopercibido.

“Se le dio ese cambio de sexo a una persona que había generado un abuso sexual afuera de la cárcel. Es decir, comete el delito del abuso, se le acepta el cambio de sexo para ir a una cárcel de mujeres y vuelve a cometer adentro de la cárcel, el mismo delito”, citó Bullrich en clara referencia a lo ocurrido con Gabriela Fernández.

Meses atrás, desde el Gobierno, salió una resolución que impide los cambios de lugar de detención. Y puntualiza que dichos cambios no se pueden realizar si el "autopercibimiento" viene posterior a la condena.

Lo que dice claramente la resolución es que si fue condenado como hombre, cumplirá la sentencia en un pabellón masculino; y si es mujer lo hará en el sector carcelario femenino.

Sin embargo, dicha resolución es optativa a nivel provincial ya que se contrapone con la necesidad de compatibilizar esas cuestiones con el respeto a la diversidad y a adhesiones a distintos convenios y programas de géneros.

Por el momento, la provincia de Córdoba no está adherida a esa resolución. Por lo pronto, la falta de infraestructura, por la saturación de los penales, es un problema a la hora de alojar presos en lugares especiales. De hecho, no existen.

Por ahora, las medidas no quitan la potestad judicial sobre los detenidos, que está en manos de los jueces de ejecución penal, quienes terminan definiendo si se accede o no al pedido del recluso.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025