La misma fiscalía que recibió la denuncia penal de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense ahora ordenó pericias para establecer cómo se obtuvieron los datos de la "denuncia anónima" en que se basó un sumario.

Como en un pase de magia, el ex jefe de la división Ecológica de la Bonaerense desplazado de su cargo por el gobierno de Axel Kicillof por integrar un grupo que "conspiró" contra la institución y colaboraba con un candidato de LLA, pasó de denunciado a víctima. La Justicia penal La Plata, que recibió la denuncia del presunto complot, comenzó ahora a investigar si el oficial y otros 23 agentes de esa repartición que también fueron relevados, fueron espiados de manera ilegal.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que desde la fiscalía de Juan Cruz Condomí Alcorta (subrogada por el fiscal Alvaro Garganta, porque su titular está de licencia) van a enviar oficios a reparticiones públicas y empresas privadas para determinar quién o quienes requirieron información “personal y privada” del comisario mayor Manuel Ignacio Ortiz Valenzuela, ex jefe de la Ecológica, que sirvió de base para la “denuncia anónima” que derivó en la sanción que le aplicó Asuntos Internos de la policía.

“Lo que surge del anónimo que fue tomado como prueba para su sanción disciplinaria es que fue investigado durante casi 10 años sin orden judicial. Ingresaron a bases de datos del Poder Judicial, de la Agencia de Recaudación provincial (ARBA) y a Google Earth, entre otros indicios de supuesto espionaje y trataremos de establecer cómo y quién lo hizo”, explicaron en el fuero penal.


El apartamiento de 24 oficiales de la fuerza de seguridad provincial por una medida disciplinaria del ministerio de Seguridad provincial ocupó el debate político después del cierre de las listas para los comicios provinciales del 7 de septiembre. Se metió de pleno en la campaña.

Ocurre que la acusación que luego asumió el gobierno de Kicillof, vinculaba a Ortiz Valenzuela, a toda la cúpula de la dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas y a una decena de policías de rango medio en un presunto operativo para colaborar con el candidato libertario de la tercera sección, el ex comisario Maximiliano Bondarenko. La alianza de LLA con el Pro designó a este actual concejal de Florencio Varela para encabezar la nómina en una región clave: el sur del GBA, donde el peronismo resulta casi imbatible en las urnas.

Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso, denunciaron un “complot”, una “conspiración” y hasta un intento de desestabilizar la conducción de la fuerza de seguridad que tiene más de 105 mil hombres y mujeres uniformados.

DE inmediato la controversia se pasó al plano de la compaña. La ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, respaldó al ex comisario-candidato y ordenó al área legal que presente una denuncia en La Plata en la que acusó al ministro, a Asuntos Internos y al gobierno de la provincia de “persecución ilegal” y “espionaje”.

La presentación ingresó por la Fiscalía General y el responsable de ese órgano dispuso unificar todo en el despacho de Condomí Alcorta-Garganta.

Según confirmaron en el ministerio provincial, después que se conocieron las actuaciones de Asuntos Internos y que se remitió la causa a Tribunales, se “consolidó la hipótesis inicial y se corroboraron todos los indicios que presentó el denunciante anónimo”. Es por eso que ya son 27 los “involucrados en la maniobra” y 25 los cesanteados, según la información de un vocero de Alonso.

Pero el trámite judicial enfocó hacia otro andarivel. Ortiz Valenzuela Pasó de conspirador a objetivo de una persecución ilegal. Y todos los elementos de ese accionar ilícito están contenidos en la propia presentación que hizo Asuntos Internos”, explicaron en los Tribunales platenses a este diario.

El giro de 180 grados en el eje de la investigación se reveló después de la declaración de Ortiz Valenzuela ante los auditores de Asuntos Internos. Según se desprende de la copia a la que accedió Clarín, fue citado el lunes pasado en carácter de “indagatoria en sede administrativa” y dio el testimonio ante el auditor del ministerio de Seguridad, Blas Ceresa.

Ortiz Valenzuela ratificó ante el instructor administrativo que realizó la cena con policías y políticos que -en la denuncia en su contra- constituiría la clave de la conspiración. Explicó que se realizó el 11 de julio (casi una semana antes de que se conocieran las candidaturas), que asistió Bondarenko y que también se presentó el senador provincial libertario, Carlos Curestis.

El gobierno le atribuyó haber suministrado información “sensible” a figuras políticas de la oposición. Ortiz dijo que la Policía Ecológica no tiene datos comprometedores para repartir. Reconoció que se conoce con Bondarenko desde hace años, que son “compadres” (ambos padrinos de los hijos) y que en el quincho donde se hizo el asado de camaradería “siempre hacemos rees sociales, cumpleaños, despedidas y cenas de fin de año”.

El oficial superior rechazó todas las acusaciones que fundamentaron su desplazamiento en el cargo. Pero sin embargo, planteó que “me están investigando desde hace 10 años”, porque el anónimo del que se nutrió Asuntos Internos menciona que Ortiz Valenzuela había participado en 2015 del acto de cierre de campaña de Sergio Massa, en Velez. Fue allí donde dijo que “iba a terminar con todos los ñoquis de La Cámpora”.

Negó haber estado allí aunque reconoció que su esposa era candidata de una lista del entonces Frente Renovador de La Plata.

“Puedo inferir que hace por lo menos diez años que me investigan sin orden judicial, sin embargo la denuncia se presenta 10 años después”, cuestionó el oficial en su descargo.

La presentación por la que Kicillof corrió de sus cargos a los agentes incluye un apartado en el que muestra cómo Bondarenko y Ortiz Valenzuela adquirieron propiedades mediante el sistema de usucapión, vía judicial. Sostiene que fueron irregulares y mostraron actas del proceso y mapas satelitales de los terrenos y que publicaron medios K como Página 12.

Podría tratarse de violación a la ley de Datos Personales (25.326) o el delito de investigación sin orden judicial, consideran en la fiscalía. Por eso, enviarán oficios a ARBA, para establecer desde qué IP se accedió a información patrimonial que aparece en la denuncia.


Otro pedido estará dirigido a la Procuración General de la Suprema Corte para que indique desde que cuenta de acceso se obtuvo la información judicial a través de la llamada MEV (Mesa de Entrada Virtual) de los Tribunales Civiles y Comerciales. También requerirán a la compañía Google para que informe cómo se obtuvieron los mapas satelitales. Además, buscarán establecer si hubo “violación de datos” con la difusión de contenidos de conversaciones telefónicas que están en la denuncia.

“Es toda información trazable. Con códigos de acceso en algunos casos o con posibilidad de establecer la IP desde donde se consultó”, dijeron en la fiscalía a este diario.

Anoche en Seguridad insistían en que los 25 oficiales sancionados fueron responsables de “irregularidades graves”. Que se encontraron elementos para incluir otros dos agentes en el grupo que operaba para el político opositor. Y que “se están acusando unos a otros, para tratar de quedar al margen de la maniobra”. En el ministerio consideran positivo que “se investigue todas las pistas y todas las hipótesis. Pero seguimos creyendo que son responsables de una falta gravísima y seguiremos hasta el final”.


Jueves, 7 de agosto de 2025