Convocada por la Cámara de Diputados, iniciará sus actividades esta comisión especial integrada por expertos, representantes de los poderes del Estado y de instituciones vinculadas a la justicia civil.



El próximo miércoles 26 de junio se realizará la primera reunión de la comisión especial conformada por la Cámara de Diputados, para proponer modificaciones en el marco del tratamiento del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Fueron invitados a participar expertos, referentes de los poderes del Estado y de instituciones representantivas de las actividades vinculadas a la justicia civil.
Esta comisión fue creada por la Resolución Nº 108/18, que impulsó el diputado Horacio Pozo y aprobada por unanimidad y, posteriormente, convocada por la comisión de Asuntos Constitucionales.
Según destacaron fuentes legislativas, el proyecto de reforma busca que el nuevo código de procedimiento sea el fruto de un amplio consenso de los correntinos interesados en la justicia civil, es decir, los poderes del Estado, los operadores de la justicia, los intereses de los ciudadanos y los profesionales del derecho.
Por eso, esta comisión contará con representantes del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de cada uno de los bloques políticos que conforman la Cámara de Diputados, del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial. También del sindicato Sitraj, del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción y de las demás que quieran integrarla, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de las universidades de la Cuenca del Plata y Católica de Salta y del Centro de Estudios Procesales Dr. Virgilio Acosta.
Mediante esta comisión integrada por especialistas, buscan que se proponga un código moderno para que la justicia civil de Corrientes funcione como es posible en este tiempo, es decir, resolviendo los casos más rápido, y que los juicios no duren innecesariamente 5 o 10 años.
Algunos de los temas a tratar tienen que ver con la utilización de la oralidad, los procedimientos abreviados, una serie de instrumentos novedosos, como el proceso monitoreo, y “jueces concentrados en las causas, evitando las famosas chicanas y malicias, otorgando las garantías necesarias de debido proceso y demás preceptos constitucionales, es posible una mejor justicia para todos, menos costosa para el Estado, por ejemplo”, expresó el diputado Horacio Pozo.
También subrayó que el desafío es significativo, considerando que otras provincias, como Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz y por último San Juan, ya han dado los pasos necesarios y cuentan con códigos modernos y procedimientos mejores.
“La Cámara de Diputados dio un paso importante creando la comisión para que el futuro código sea un cuerpo coherente, integral en el que se adecúen las instituciones a los nuevos tiempos con sus cambios sociales, económicos, culturales y los deducidos de la legislación nacional de fondo (Código Civil y Comercial) y a su vez se reglamente un proceso moderno, ágil y eficaz. Juicios más cortos para las personas que acuden a la justicia, los tribunales trabajando con oralidad y dando garantías y transparencia en plazos más breves, el Estado invirtiendo menos recursos y dando mejor respuesta, abogados percibiendo sus honorarios en menos tiempo y trabajando con tecnología desde sus estudios vía internet”, reflexionó el legislador.

Oralidad
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) confirmaron a este medio que aceptaron de inmediato la invitación de la Cámara de Diputados y que formarán parte del tratamiento de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, con el propósito de aportar la experiencia de los actores judiciales.
Anticiparon que propondrán que la oralidad en los procesos civiles sea uno de los puntos de analizar.
Cabe señalar que el STJ viene trabajando intensamente para poner en práctica la oralidad mediante un protocolo impulsado por el ministro Guillermo Semhan.
Desde el sindicato de judiciales consideran que su aplicación se está dando de manera apresurada y sin contar con las condiciones operativas necesarias.
En este sentido, señalan la falta de espacios suficientes en los juzgados para alojar a los testigos y a todos los involucrados en estas audiencias.

Viernes, 21 de junio de 2019