La iniciativa es del intendente Germán Fernández y se fundamenta en ordenanzas vigentes. El Concejo intervino y hasta circuló la versión de una posible suspensión al jefe comunal.



Momentos de tensión se vivieron ayer al mediodía en Itatí, cuando la policía arribó al lugar donde se encuentran los puesteros de la plaza. Los efectivos realizaron un relevamiento, según lo dispuso el fiscal de Instrucción Nº 1, Buenaventura Duarte, aunque los vendedores temieron que se tratara de un desalojo a raíz de la decisión del intendente, Germán Fernández, de reubicarlos.
Esta situación generó un conflicto político entre el Ejecutivo comunal y el Concejo local, al punto que anoche trascendía en la localidad la posibilidad de suspensión del intendente itateño. Al cierre de esta edición, el Concejo estaba reunido para evaluar la situación de los puesteros y, en este contexto, se agitaba el fantasma de la posible suspensión de Fernández, quien asumió hace cinco meses.
“Jamás dispuse que la gente deje de trabajar en el lugar, en ningún momento hablé de sacarlos de allí. La medida fue en el marco de una ordenanza municipal de 2014 y el contrato que los feriantes firmaron”, aseguró ayer Fernández en declaraciones a radio Sudamericana.
En tanto, el edil Pablo Galeano explicó: “Estamos consensuando con los concejales y reuniendo más pruebas. Habíamos pedido un informe para que el intendente se presente en el Concejo, pero no se presentó”.

“No hay motivos de suspensión”

En medio de la supuesta posibilidad de suspensión a Fernández, Galeano aseguró: “No hay motivo de suspensión. Habíamos pedido un informe respecto del procedimiento que, a nuestro parecer, fue discriminatorio. Nunca pensamos en suspender al intendente de Itatí”, aseguró.
“Los puesteros quieren trabajar dignamente, en lo único en lo que estamos en contra son en las formas. Tenemos una Carta Orgánica, que hay que hacer cumplir y los feriantes saben que no tienen que estar frente a la Basílica”.

El conflicto

Efectivos de la comisaría local y de la Unidad Regional relevaron ayer el cumplimento de normas de seguridad, salubridad e higiene en los puestos, a partir de las denuncias del intendente.
Fernández presentó el informe sobre los puesteros realizado para el Concejo ante el fiscal Duarte, que dijo que, “por primera vez en Itatí se está haciendo lo que corresponde”, en referencia al proyecto de reubicación de los comerciantes ubicados en la plaza central, “con un firme compromiso del intendente de garantizarles condiciones dignas de trabajo, reacomodarlos en un predio acorde a sus necesidades y comodidades básicas y elementales, que a todo trabajador le corresponde”.
El fiscal pidió al comisario de Itatí, Francisco Ramírez, que presente un “croquis planimétrico de las calles e intersecciones y lugares públicos (plazas y paseos, y peatonales) donde se encuentran instalados comercios y/o vendedores llamados puesteros”; el “relevamiento de los vendedores ubicados en la plaza Fray Luis Bolaños, en la calle Desiderio Sosa, Castor de León y peatonal 25 de Mayo y Obispo Luis María Niella, los carritos de hamburguesa, y si cumplen con las disposiciones de salubridad, sanidad y seguridad”.
La orden alcanza a los “puestos de comercio que están instalados al costado de la Basílica, calle Obispo Luis María Niella con estructura de material y chapa en carácter de definitivos o temporarios, desde la prolongación de la calle 25 de Mayo hasta la calle Roque González de Santa Cruz, y también los ubicados sobre la calle Fray Juan de Gamarra, que da con la parte trasera de la Basílica y desde ambas (25 de Mayo y Fray Juan de Gamarra) hacia el río Paraná hasta la calle Roque González de Santa Cruz”.
El fiscal dio un plazo de 5 días hábiles para el relevamiento, el que deberá realizarse “sin ejercer violencia”.

La intervención del Concejo

El Concejo itateño solicitó al intendente que informe sobre el procedimiento en la dársena ubicada en la calle Desiderio Sosa, de la plaza Fray Luis de Bolaños, donde se habrían retirado a los vendedores módulos escalinatas que utilizan para la exhibición de sus productos.
El jefe comunal presentó el informe por escrito. Allí sostiene que los comerciantes “omitieron (mencionar) las notificaciones e intimaciones escritas previas al levantamiento de las escaleras correspondientes” y afirmó que, luego de haber retirado de la vía pública las escaleras, “se procedió a la restitución inmediata de los objetos para reducir al mínimo los posibles daños, evitándose así un eventual perjuicio”.
De esta manera, el jefe comunal descartó que haya existido “un proceder arbitrario y discriminatorio, tal como lo afirma e intenta sostener este cuerpo deliberante”. Según señaló, el retiro de las escaleras “obedece y se basa en una ordenanza vigente”.

Jueves, 31 de mayo de 2018