Una presentación judicial en el fuero federal contra el intendente Armando Bordón por el cobro de $ 1.300.000 para cloacas que jamás se realizaron. Se reproducen las irregularidades en los Municipios que apoyan a Camau.
La información golpea de lleno a la desgastada gestión de Armando Bordón, del Partido Justicialista (PJ), intendente de la villa turística de Paso de la Patria, tras conocerse que un particular lo denunció en el fuero de la justicia federal por supuesto defalco de $ 1.300.000 que recibió desde la administración nacional para realizar cloacas, que jamás se concretaron.
¿Cuál fue el destino de esos fondos? Es una incógnita que deberá investigar el Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, a partir de las explicaciones que debe dar el kirchnerista Bordón, una vez que avance el proceso en su contra ante la sospecha de hechos de corrupción.
De esta manera, una nueva gestión comunal ligada al PJ queda en la picota y bajo la lupa de la Justicia, dejando al descubierto una vez más la sistematización del modus operandi naturalizado durante el tiempo en que Argentina vivió bajo el régimen impuesto por el matrimonio Kirchner a lo largo de 12 años.
El juez Juan Carlos Vallejos será quien llevará la causa que fue presentada de manera anónima por un ciudadano de la villa, que está patrocinado por el abogado Francisco Ramos.
En el texto de la denuncia se habla de supuesta malversación de fondos, según consta en el Expediente Nº 246, y da cuenta que en la etapa final del kirchnerismo, la Comuna de Paso de la Patria recibió un depósito 1.300.000 de pesos para construcción de cloacas, que no se realizaron.
Una auditoría constató que el dinero se colocó en la cuenta de la Municipalidad, pero la obra no se concretó, tras lo cual solicitaron la devolución del dinero. Después de dicho pedido, la Municipalidad intentó hacer la obra, pero no pudo concretarla, además de que se habrían fraguado documentos públicos para justificar los trabajos.
La genética de los intendentes del PJ
Parecería una epidemia. Sin caer en lugares comunes, se podría decir que el gen peronista trae aparejados problemas con los fondos públicos. Desde 2013, cuando el Partido Justicialista alcanzó la conducción de varias localidades se han reproducido hechos relacionados con la malversación de fondos de distinta manera. Quizá la más grosera fue la de la intendenta ultrakirchnerista Angelina Lesieux, que está imputada en la causa donde se investiga si existió malversación de fondos por 25 millones de pesos que la Nación había destinado a la pequeña localidad para realizar obras públicas, que se cobraron pero que no se hicieron. En este caso, el senador nacional por Corrientes Carlos Mauricio Camau Espínola podría llegar a tener que comparecer en la causa ya que en un audio que se filtró del círculo íntimo de la intendenta Lesieux, ésta sindica que parte del dinero faltante fue a parar la caja política que pagó la campaña del legislador del Frente para la Victoria (FPV).
También se puede recordar lo que ocurrió con Daniel Mieres, intendente de Empedrado, que estuvo al borde de ser destituido por irregularidades de las cuentas de inversión, donde habían rendiciones con boletas truchas.
Justamente, la Comuna no emite los Boletines Municipales y tampoco publica las cuentas, hechos que representan faltas graves por parte del Ejecutivo municipal. Asimismo, estuvo al borde de la suspensión por mal desempeño de sus deberes de funcionario público y poca claridad en el manejo de las finanzas. Mieres estuvo en el ojo de la tormenta y tuvo que recurrir a sus compañeros intendentes para que le tendieran una mano económica para no caer en la cesación de pagos, motivo por el cual el intendente de Capital, Fabián Ríos, fue ferozmente cuestionado por parte del Concejo Deliberante, ya que, sin autorización, prestó dinero de las arcas capitalinas a la gestión empedradeña.
Pero las irregularidades peronistas no terminan ahí. Ayer se dio cuenta de que en las gestiones de los intendentes saladeños Daniel Alterats (2005-2013) y Oscar Herrero (actual jefe comunal) ambos contaron con una funcionaria, María Julia Carrizo, que se desempeñaba en dos cargos incompatibles. Primero, fue funcionaria de la dirección de Relaciones Laborales del Concejo Deliberante de la Capital, al mismo tiempo que se desempeñaba como asesora legal de la localidad de Saladas. Actualmente es jueza de Faltas y continuaría en el cargo de asesora.
En Goya, Gerardo Bassi y su hijo Marcos, funcionario municipal, tienen hechas denuncias por varias irregularidades en el manejo de los fondos municipales.
De hecho fue procesado por pagos indebidos al personal del Ejército por trabajos realizados por estos en tiempos de inundaciones con números inflados, y por el pago de extraños caterings a eventos sociales de la base que el Ejército tiene en la segunda ciudad de la provincia y cuentas de hotel para oficiales de altos mandos. Asimismo están cuestionados por contrataciones directas de proveedores, excediendo lo estipulado para tal fin y evitando los concursos de precios entre oferentes.
La banda
Sin dudas, con este cuadro político el PJ irá a las elecciones este año. Así, con estos actores que componen una escena grotesca, inmoral, oportunista y con motivaciones dantescas, se pone en riesgo el desarrollo de cualquier comunidad correntina.
Los supuestos escuderos municipales que propician y apoyan la candidatura de Carlos Mauricio Camau Espínola están más cercanos a ser una banda que un equipo de trabajo serio y responsable. Pero lo más preocupante es que todos llevan el ADN kirchnerista en las entrañas, y que muchos ya han demostrado el desparpajo con el que manejaron las finanzas de la comunas que les tocó administrar.
Si bien Espínola busca por todos los medios instalar la idea de que representa el “cambio”, los actores que lo rodean y le aconsejan representan lo más rancio de la denominada “vieja política”, viciada de cuestiones negativas para la ciudadanía, donde el “toma y daca” por cargos, los acuerdos de cúpula entre gallos y medianoche, como el entramado de utilizar la política para concretar beneficios personales están a la orden del día.
Martes, 21 de febrero de 2017
