El juez Bonadio elevó la causa por irregularidades en la compra de un vehículo. Aunque es improbable que el proceso empiece en lo inmediato, el caso sumará presión sobre el vicepresidente y el oficialismo en un año electoral. Amado Boudou se convirtió ayer en el primer vicepresidente argentino en ser enviado a juicio oral. Afrontará el cargo de falsificación de documento público en calidad de coautor -como otros cuatro implicados, entre ellos su ex pareja- al ser acusado por introducir datos falsos en la transferencia del Honda rojo modelo 1992 patente WYT716.
Claudio Bonadio, el mismo que investiga irregularidades de la empresa Hotesur y es objeto de duras críticas del kirchnerismo, elevó la causa al Tribunal Oral Federal 1 luego de que la Cámara Federal porteña rechazara un planteo de nulidad presentado por la defensa del funcionario. "Ha quedado claro que él mismo estampó su firma en el Formulario 04" con un domicilio "que no figura en el D.N.I. duplicado", concluyó el juez al cerrar su participación en el caso.
La causa que ahora lo puede poner en el banquillo se inició en septiembre de 2009 por una denuncia sobre la presunta adulteración en el número de motor y de formularios y firmas en la transferencia del vehículo. En el trámite, realizado en 2003, el vicepresidente consignó un domicilio que no era real.
Boudou se declaró inocente desde el mismo momento en que se conoció la denuncia. Y culpó a los gestores por el "error". Pero de todos modos fue procesado; lo mismo ocurrió con su ex mujer Agustina Seguín, la ex titular del Registro del Automotor número 2 María Graciela Angélica Taboada de Piñero y los gestores Andrés Soto y Rodolfo Basimian.
Los tiempos judiciales, un alivio engañoso
Parece poco probable que el proceso ahora a cargo del TFO1 vaya a "moverse" en el corto plazo. Casos como éste suelen estirarse durante años -el único que avanzó con premura fue el de la Tragedia de Once y allí el contexto social parece haber jugado un papel determinante-, más aun si un funcionario de alto rango está implicado. Prueba de ello fue el juicio a Felisa Miceli: acusada por "encubrimiento" en 2007 cuando se desempeñaba como ministra de Economía, fue condenada recién en 2012.
Los jueces que integran el cuerpo tienen, además, una excusa fundada para defender una eventual dilatación de la causa: llevan adelante el juicio contra una veintena de represores por el "Plan Cóndor", que con seguridad les absorberá buena parte del próximo año.
No obstante, una demora demasiado prolongada podría alimentar suspicacias sobre la influencia del Gobierno en el procedimiento. Es que Adrián Grunberg, uno de los tres jueces que lo componen, es vocal de la agrupación Justicia Legítima, que reporta a la procuradora Alejandra Gils Carbó y a la que la oposición imputa defender al kirchnerismo en el ámbito judicial.
En cualquier caso, la defensa de Boudou tiene todavía cartas por jugar que le permitirán ganar aire. Es de prever que apelará la decisión a la Cámara Federal de Casación Penal. Y aun cuando allí no obtenga una respuesta favorable podría ir a la Corte Suprema.
La combinación de los recursos tangibles que todavía tiene al alcance el vice y la burocracia de todo proceso judicial mantienen en un horizonte muy lejano la posibilidad de que haya una sentencia por el cargo, que establece penas de uno a seis años de prisión, antes de que termine la gestión kirchnerista, en diciembre de 2015.
Pero ese tiempo difícilmente logre maquillar el daño que este juicio le valdrá a Boudou y a la Casa Rosada. Es que llegó a las puertas de un año electoral y servirá de alimento para que la oposición redunde en sus denuncias contra el Frente para la Victoria. Y si el tribunal no está dispuesto a entregar novedades sobre el tema, el ex titular de la Anses les ofrecerá otro costado para seguir siendo su blanco: su nombre figura en 17 causas, entre ellas la de Ciccone; alguna dará que hablar.
La estrategia de los partidos no kirchneristas quedó clara en los últimos meses y promete intensificarse en el futuro. No están dispuestos a dejar que las denuncias pasen desapercibidas. Cada sesión que lo tenga al frente del Senado será propicia para recordarle, en la cara, que quieren que dé un paso al costado y se someta a un juicio político. Ese ritual ya le está costando caro al oficialismo, que a medida que ve más cerca las urnas modera su defensa hacia Amado en un apoyo cada vez más tímido.
Viernes, 12 de diciembre de 2014
