Durante toda la semana pasada, largas filas, en algunos casos de hasta hora y media, debieron soportar los profesionales del derecho para poder cumplir con las actividades propias a la actividad judicial.
En representación del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes, a raíz de las numerosas quejas recibidas de sus matriculados, de los que se han hecho eco distintos medios de la prensa local, el presidente del colegio, doctor Ricardo Manuel Villar manifiesta el profundo malestar por el servicio prestado por el Banco de Corrientes S.A. en las subsedes de tribunales, (Carlos Pellegrini y Salta), del Registro de la Propiedad Inmueble (Av. 3 de Abril y Mendoza), como también en sucursales del interior como Bella Vista y Saladas, cuando se acude a realizar en las ventanillas de las mismas, los trámites concernientes al ejercicio profesional como auxiliares de la justicia.
Durante toda la semana pasada, largas filas, en algunos casos de hasta hora y media, debieron soportar los profesionales del derecho para poder cumplir con las actividades propias a la actividad judicial. En el caso de la sucursal de Tribunales en esta ciudad Capital, los colegas debieron padecer incómodas, penosas y calurosas esperas en filas que superaron los 50 metros y se extendían incluso hasta la calle, afectados por las altas temperaturas que provocaron descomposturas en algunos de ellos.
El Colegio insiste en la necesidad de que el servicio prestado en esa sucursal sea exclusivo para trámites judiciales realizados por abogados, procuradores, contadores, peritos y otros auxiliares de la justicia que por razón de su profesión deban realizar trámites bancarios vinculados con la labor judicial, respetándose así los fundamentos que han originado la instalación de dicha sucursal en el edificio tribunalicio, como parte esencial e imprescindible del servicio de justicia, por lo que resulta imprescindible que con ese espíritu se restablezca la prioridad en sus ventanillas para el uso de los profesionales.
Cabe aclarar que no se trata de una pretensión que implique privilegio o prerrogativa que pueda repeler un sentido de igualdad o equidad, si se atiende a la circunstancia que los abogados estamos obligados a acudir a esos trámites no por cuestiones personales o propias, sino en representación del justiciable, en muchos casos apremiados por el tiempo, con clientes privados de libertad esperando su asistencia en una audiencia, o para realizar presentaciones en plazos perentorios que exigen el pago previo de tasas y otras actuaciones judiciales bajo sanción de pérdida de los derechos que se representan. Consideramos atentatorio a la dignidad del abogado, no solo como profesional del derecho, sino como persona en si misma, se tenga que padecer estas dificultades que implican, por un lado, malos tratos y un flagrante impedimento al libre ejercicio profesional y del derecho de trabajar, mientras que por otro lado, representan un entorpecimiento al sistema judicial y atenta contra el normal y mas eficiente servicio de justicia.
Por todo ello, apelamos a las autoridades y Directorio del Banco de Corrientes S.A., en quienes reconocemos su permanente apertura y buena disposición, para que se arbitren con la prontitud posible, las medidas conducentes a dar solución a esta problemática que ya es de larga data y ha sido motivo de reclamos anteriores, y que se ha agudizado desagradablemente en los últimos días, exasperando el ánimo de quienes concurren a diario a las sucursales bancarias.
Estas dificultades también se presentan con el mismo malestar en las sucursales del Registro de la Propiedad Inmueble, como en las del interior en donde el Banco concentra el cobro de las tasas judiciales, otras rentas y conribuciones, advirtiéndose en todas la falta de personal o personal único atendiendo todos los servicios, generando largas esperas a los colegas del interior, tanto los propios del lugar como a aquellos que deben movilizarse desde otras localidades, muchas veces tras largos y cansadores viajes, para atender cuestiones judiciales.
No se desconoce el esfuerzo y gestión que viene realizando la entidad bancaria en el mejoramiento de su actividad, en su expansión y en la modernización de sus infraestructuras. Valoramos y agradecemos la comunicación permanente y el dialogo al que se presta para con esta institución en busca de alcanzar una mejor prestación de sus servicios en el ámbito judicial, como también en la concreción de convenios de colaboración de interés para ambas partes, por lo que descontamos que se ocuparán de esta conflictiva situación para darle pronta y satisfactoria solución.
Instamos y convocamos para que sumen su opinión y sugerencias a los restantes interesados que resultan afectados por esta problemática, como ser peritos, contadores, martilleros, escribanos y a todos aquellos quienes, como los abogados, somos parte del sistema judicial y que como auxiliares de la justicia estamos obligados a su sostenimiento y a contribuir con la mejor, más eficaz y eficiente prestación del servicio de justicia.
Es menester resaltar además, que al Poder Judicial le cabe intervenir decididamente y con firmeza en esta cuestión, pues se reitera, el servicio que debe prestarse en el ámbito tribunalicio por la entidad bancaria hace al servicio mismo de justicia, a su eficiencia y eficacia, garantizando el acceso a la misma. Debe el Superior Tribunal de Justicia involucrarse y contribuir con su mejor disposición, permitiendo la ocupación de los lugares o espacios necesarios para facilitar esas prestaciones. No se trata ni de un problema propio del Banco, ni que afecte solo a los abogados. Perjudica el acceso a la justicia y a la justicia misma cuya administración es responsabilidad primaria y específica de ese Poder.
Desde tiempo atrás venimos insistiendo y promoviendo gestiones para que entre el Poder Judicial y Banco de Corrientes S.A. articulen las acciones conjuntas que fueren necesarias para contribuir a una mejor prestación de este servicio, como ser: la creación de sucursales de cobro en el edificio de tribunales de 9 de julio y San Juan, la habilitación de ventanillas especiales tanto en la sede central como en las distintas sucursales de Capital y del interior, la implementación del pago electrónico o vía home banking de las tasas a aportes judiciales, la consulta on line de saldos y estados de cuentas judiciales, entre otras medidas, reclamos todos estos que incluso han sido formulado en forma conjunta con los Colegios Públicos de Abogados de las otras circunscripciones judiciales a través del Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia.
La falta de respuesta o soluciones a estas cuestiones, que se vienen agudizando con el tiempo, obligará buscar otras alternativas legales que habiliten y permitan la desconcentración del pago de las tasas judiciales, a través de otras entidades bancarias o redes de empresas de cobro como “pago fácil”, “rapipago” u otras habilitadas oficialmente, al igual como pueden realizarse con el pago de otros servicios públicos y privados.
Párrafo aparte para las autoridades del INSTITUTO OBRA SOCIAL PARA ABOGADOS Y PROCURADORES, (I.O.S.A.P) a quienes instamos busquen una solución adecuada para evitar que los colegas deban concurrir a las ventanillas bancarias solo para efectuar el pago de los aportes a dicha institución, siendo reiteradas las quejas de los colegas en tal sentido, pues ello contribuye también a un congestionamiento innecesario y molesto a consecuencia de dichos trámites, viéndose con agrado que puedan restablecer la percepción de los mismos en la sede de esa institución o local más cercano a tribunales que puedan disponer al servicio del abogado.
Todos los sectores, de las distintas profesiones, que conformamos y participamos del sistema judicial, debemos contribuir con su mejoramiento. El presente comunicado no tiene otro propósito que ese, abriendo e invitando al dialogo sincero, real y fructífero, dirigido a todos los involucrados y afectados. No se expresa una crítica sin razón ni sentido, ni se busca culpables, ni la exposición pública o reproche malintencionado de ningún sector.
Cumpliendo el compromiso irrenunciable de ocuparnos de la defensa de nuestra profesión y de nuestros matriculados, con la firme e inquebrantable convicción de que propendiendo a su mejora y fortalecimiento contribuimos también al progreso y afianzamiento de la justicia, hacemos público este reclamo, con la seguridad que sus destinatarios sabrán comprender la preocupación y malestar expresados y en un marco de respeto y vinculación madura poder lograr la solución a estos inconvenientes, que estimamos de fácil e inmediata concreción, de mediar voluntad y predisposición, y para lo cual, este Colegio, una vez mas, se pone a disposición para acompañar las gestiones tendientes al logro de ese objetivo.
El abogado es el único profesional por cuyo intermedio se ejerce y garantiza el acceso a la justicia, como principio con jerarquía y sustento constitucional que resguarda a todo ciudadano en un estado de derecho, libre y democrático. Cualquier obstáculo que dificulte o impida su ejercicio profesional en tal sentido, sea cual fuere el ámbito en el que se origina, representa el cercenamiento de ese derecho y garantía, generando un estado de inseguridad y arbitrariedad jurídica.
Lunes, 10 de febrero de 2014
