La Justicia frenó un pedido del Gobierno para que el máximo tribunal intervenga en la causa por las polémicas multas que se le aplicaron a estudios privados que miden y divulgan índices de inflación diferentes al oficial. Fue la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la que negó una solicitud para que el máximo tribunal se encargue del asunto, después de que la Secretaría de Comercio Interior presentara un recurso extraordinario para llegar a la Corte, aunque el Gobierno todavía guarda una carta bajo la manga en su disputa legal contra las consultoras.



Ocurre que el Estado nacional tiene la posibilidad de recurrir directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de queja y apelar la decisión de la Cámara de dejar sin efecto la multa de 500 mil pesos aplicada a la consultora Finsoport, del economista Jorge Todesca, por medir índices de inflación que diferían de las estadísticas oficiales.

Semanas atrás, cuatro de las cinco salas que conforman la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dejaron sin efecto las sanciones impuestas a una serie de consultoras privadas.

La medida favoreció a las firmas Ecolatina, Fiel, Bein & Asociados, Finsoport, Econviews, Buenos Aires City y OJF & Asociados, entre otras.

Al mismo tiempo, Todesca y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intercambiaron denuncias penales, en el marco de una disputa legal aún inconclusa.

Todesca denunció penalmente a Moreno que fue indagado por el juez federal Claudio Bonadío junto a otros tres funcionarios de la Secretaría por abuso de autoridad.

En tanto, Moreno denunció a las consultoras privadas por el delito de agiotaje que castiga con seis meses a dos años de prisión a quien "hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado".

Sábado, 17 de agosto de 2013