Mientras el gobierno se muestra sorprendido, integrantes del Partido Popular cuestionaron al juez. La oposición pidió a las autoridades y a la Casa Real que no interfieran con el Poder Judicial.El gobierno español admitió hoy su "enorme preocupación" por la imputación de la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, en el caso de corrupción Nóos, mientras la oposición socialista pidió a la Corona “neutralidad” ante esta explosiva decisión judicial.Con España aún convulsionada por este hecho sin precedentes un día después a la histórica citación judicial de la infanta, el canciller José Manuel García Margallo expresó la “enorme preocupación” que suscitó este asunto en el Ejecutivo y pidió que la situación de la princesa se “sustancie con rapidez”.Se trata de un tema que “afecta a la imagen de España” y “el prestigio de la Corona, una institución que es capital”, declaró el jefe de la diplomacia española a la prensa antes de inaugurar una reunión de Naciones Unidas contra el hambre.




La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, fue imputada ayer por la Justicia española en el caso de corrupción en el que está siendo investigado su marido, Iñaki Urdangarín, un hecho inpedito en la historia democrática de España.

La hija del monarca formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos, la organización a través de la cual su marido y el ex socio de éste, Diego Torres, se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público.

La decisión del magistrado fue adoptada en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá la medida, lo que igualmente no paraliza la declaración de la infanta, que tendrá lugar el 27 de abril, aunque también podría retrasarse.

El juez considera que la hija del rey consintió en que se utilizara su nombre y su imagen en el ámbito de actuación de Nóos, una organización constituida bajo la apariencia de no perseguir lucro para contar con cobertura para acceder indebidamente a dinero público.

Respeto, lealtad y dudas

Las palabras de García Margallo fueron la primera declaración sustantiva del Ejecutivo del presidente Mariano Rajoy desde la imputación de la infanta.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo brevemente que el gobierno “no tiene nada que opinar” sobre el caso y expresó “respeto y lealtad” a la institución monárquica.

Sin embargo, otros dirigentes del gobernante Partido Popular (PP) reaccionaron hoy expresando su inquietud, preocupación y hasta hubo un duro cuestionamientos a la decisión judicial.

El vocero de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez Pujalde, dijo que el juez del caso, José Castro, busca “protagonismo personal” con la imputación de la infanta, y lo acusó de ayudar al ex socio de Urdangarín a “chantajear al país”.

“Lo políticamente correcto es decir que el juez vela por la independencia, pero viendo sus actuaciones no persiguen siempre saber la verdad sino ser protagonista", sostuvo en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE).

Pujalde cuestionó la estrategia de Torres de entregar mails a cuenta gotas para “determinar los pasos de la Justicia” y, en ese sentido, indicó que “da la impresión de que está chantajeando al país con la ayuda del juez”.

Si bien señaló que respeta a la Justicia, acusó al magistrado Castro de hacer “imputaciones que no acaban en nada”.

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Desde el opositor Partido Socialista (PSOE), su número dos, Elena Valenciano, pidió a “todas las instituciones, al Parlamento, al gobierno y, desde luego, a la Casa Real, que se deje actuar a la Justicia, y que no se tome partido”.

Valenciano respondió así ante las declaraciones de Pujalde y a raíz de "discrepancia legítima, que entra dentro de la normalidad, entre el juez y el fiscal”, éste último contrario a la citación de la infanta en el marco del caso Nóos.

La dirigente socialista también manifestó que la imputación de la hija del monarca es una “mala noticia” porque perjudica la imagen de España en el exterior y causa un “deterioro grave” a la Corona, aunque consideró que el “lado positivo” es que se puede demostrar que “nadie está por encima de la ley”.

No obstante, Valenciano indicó que una “imputación no es un procesamiento y muchísimo menos una condena”, por lo que pidió esperar a que transcurra el proceso antes de plantear que la infanta, séptima en la línea sucesoria, tenga que renunciar a sus derechos dinásticos.

La imputación de la infanta, la primera de un miembro del núcleo de la familia real española, llegó más de un año después del procesamiento de Urdangarín, duque de Palma, en el caso de corrupción, del que la Corona intentó desvincularse en todo momento sin demasiado éxito.

A diferencia de cuando fue imputado Iñaki Urdangarín, la Casa Real se involucró ahora directamente en la defensa de la hija del rey y ya está preparando un equipo de cinco abogados penalista para afrontar las graves acusaciones del juez castro, según fuentes de la Zarzuela.

De hecho, tras la citación judicial, la Casa Real expresó “sorpresa” por el cambio de criterio del juez Castro, según fuentes citadas por la prensa española, y su “conformidad” con la decisión de la fiscalía de recurrir la decisión.

En la reacción de la Corona subyace un apoyo implícito a la infanta, quien por su parte intentó dar hoy una imagen de normalidad y acudió a trabajar como cada día a la Fundación La Caixa, en Barcelona, en medio de una gran expectativa mediática.

En tanto, al pronunciar su primer discurso desde la imputación de su hermana, el Príncipe heredero, Felipe, aseguró en la capital catalana y ante unos 200 jueces, que “los miembros de la carrera judicial son merecedores de la mayor confianza” y que su función “cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos como los actuales”.


Viernes, 5 de abril de 2013