Lo hicieron luego de ser informados sobre un pedido de sanción en su contra tras haber denunciado la presencia de fiscales truchos en territorio libreño.
Desde el Tribunal Oral de Paso de los Libres instaron a las autoridades que los representan a que tomen cartas en la grave situación por la que atraviesa el sistema judicial correntino, reconociendo el complicado escenario que ya derivó en un fallo tajante de la Corte Suprema contra el Superior Tribunal y en un proyecto en el Congreso de la Nación para la Intervención Federal del Poder Judicial, sumado a los pedidos de juicio político reservados en Secretaría de la Legislatura contra los referentes de la Justicia provincial. Lo hicieron luego de ser informados sobre un pedido de sanción en su contra tras haber denunciado la presencia de fiscales truchos en territorio libreño. Advirtieron que desde la cúpula del alto Tribunal de la Provincia se ejerce el poder en forma arbitraria y abusiva.
Tras las distintas polémicas que envolvieron a los referentes del Poder Judicial, una de las partes afectadas por su accionar, el juez Marcelo Ramón Fleitas, del Tribunal Oral de Paso de los Libres, decidió pedir apoyos a quienes los representan; estos son, los integrantes de la mesa chica del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Corrientes.
A través de una misiva a la que tuvo acceso EL LIBERTADOR, dirigida a la presidente, Analía Durand de Cassís, se puso en conocimiento y se solicitó el aval institucional para que, con las medidas y declaraciones que correspondan, se reconozca la grave situación de conflicto que se ha generado contra los jueces titulares del Tribunal Oral Penal de la 4ª Circunscripción Judicial.
Específicamente, la preocupación del magistrado libreño se basa en el intento de represalia que desde la Fiscalía General, a través del Superior Tribunal, se pidió en pos de controlar la "conducta" o "cumplimiento de los deberes y funciones de los jueces" que semanas atrás cometieron el "error" de advertir irregularidades en el sistema judicial, al denunciar fiscales truchos en jurisdicción de Libres.
A la titular de Magistrados se le recordó que "las decisiones adoptadas por este Tribunal Oral Penal (TOP), tienen estricto apego legal, fundamento racional y equilibrio de respeto al constitucionalismo y al convencionalismo (supra Constitución)".
Pardo resalta en la nota que "para prueba, bastan recabar los antecedentes, si es de mérito refutar concepciones jurídicas, los que se entienden excesivos para el caso ya que lo que se procura es el respeto a la libertad de nuestro ‘juris dicere’, sin ingerencias arbitrarias".
Explica además que tal prerrogativa, "ha sido nuevamente ejercitada en la sentencia N° 118, punto 5°, del 28/11/12, dictada en la Causa PXL 5270/10, autos caratulados: "Alarcón Virginia Soledad P/Homicidio Simple, Núñez Vicente Ariel P/Homicidio Simple, en carácter de partícipe necesario-La Cruz, donde pese a confirmarse la cuestión de crítica, recomiendan en materia de fundamentación de la pena, bajo apercibimiento de igual sanción". Además, "se sabe de otras ‘acciones’ que tenderán a sancionar a los miembros de este TOP, bastando como prueba el seguidero de cosas a devenir".
El destacado juez de Paso de los Libres sostuvo que lo descrito "es lo gravísimo y preocupante a nivel institucional, por lo que reclamo con la presente, el auxilio y pronunciamiento del cuerpo que nos nuclea, a fin de evitar el avasallamiento y autoritarismo que emana por encono, del fiscal general Sotelo y de los ministros Rubín, Semhan y Chaín".
En concreto, categóricamente se afirma que la atribución ejercida por los tres miembros del Superior Tribunal de Justicia es ajena a la potestad disciplinaria en el sistema ‘coordinado’, en razón a la garantía de independencia que ostentan los jueces en materia de contenido de las sentencias, por lo que Pardo resalta con énfasis que desde la cúpula tribunalicia provincial se "pretende avasallar, bajo el pretexto de una recomendación previa en igual materia, nuestra función judicial".
"Las recomendaciones impuestas son violatorias de la garantía indicada, y no pueden ser causa-fuente de inconducta posterior alguna", aclara tajantemente.
Es conveniente detallar que en el artículo 24 del Código de Ética para Magistrados se prevé como garantía de los jueces la absoluta libertad de criterio en la fundamentación de sus sentencias, la sujeción exclusiva y excluyente a su conciencia, y "cualesquier intromisión se interpreta como una violación al sistema democrático y republicano de gobierno".
En las consideraciones del integrante del Tribunal Oral libreño se destaca, en relación, el voto del ministro, Fernando Niz, emitido en la Resolución N° 126, dictada por el Superior Tribunal, en el expediente S-179-08, en el cual se recuerda "otro arbitrario y abusivo ejercicio de poder", cuando se pretendió sancionar a uno solo de los jueces del Tribunal Oral -la sentencia fue unánime-, por señalarle al Fiscal General y a los miembros de la mesa chica de la Corte local que avalaron su dictamen, el yerro de que un disparo de arma de fuego que impacta en la nuca de una mujer, efectuado a una distancia de centímetros, sea calificado como "lesión leve".
"¿Se entiende?, el fiscal general Sotelo calificó un disparo de arma de fuego que se aloja en la nuca de una mujer a la que se intentaba matar, como ‘lesión leve’", resalta Pardo en su contundente texto, remarcando un franco desconocimiento de la teoría de la tipicidad -principio de exclusión-, favoreciendo al ‘amante despechado’ con la consecuente disminución de pena, y en ese grosero error, se afectó el compromiso del Estado argentino asumido por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Sobre este error, propio de una película de ciencia ficción sobre una justicia ciega en términos literales, no se supo de una medida disciplinaria correctiva que se haya impuesto, "lo que infiere el mero castigo a los inferiores, cuando opinan distinto".
El pedido escrito de Pardo hacia la cúpula del Colegio de Magistrados, continúa con una lapidaria andanada de demostraciones que revela un preocupante modus operandi de quienes hacen y deshacen dentro de la Justicia provincial, sumando un capítulo más a una novela casi interminable de procederes que de a poco anticipan un final anunciado, teniendo a la Intervención Federal del Poder Judicial como protagonista ávido de bajar el telón a una época que, para muchos actores de la propia Justicia local, debe terminar.
Sin embargo, quienes reconocen que algo hay que hacer, consideran también oportuno confiar en el balance institucional que debe ejercerse desde los demás poderes, siendo el Legislativo quien se lleva todas las miradas, ya que a través de él se podrán dar señales que impidan el protagonismo de una intervención, y que colabore para ofrecer un remedio local que aplaque el hervidero en el que se zambulló la Justicia correntina, cuyo fuego está siendo controlado desde el poder central, expectante de resolver cuanto antes una coyuntura lamentable.
Por último, el Juez de Paso de los Libres hizo hincapié en su repudio hacia las situaciones padecidas y hacia otras que son de público conocimiento, exigiendo la toma de posición del Colegio de Magistrados "a fin de evitar persecuciones y venganzas por criterios judiciales que no se condicen con el alineamiento que espera el jerárquico".
Señala el para nada pequeño detalle que se desprende de que "casi la totalidad del foro de Paso de los Libres y Monte Caseros, ha firmado una proclama en aval a nuestra postura y jerarquía y muchos otros jueces, colegiados o no, se han interesado por realizar una reunión para fortalecernos ante estos avasallamientos".
Lunes, 17 de diciembre de 2012
