El juzgado que encabezaba lleva dos investigaciones muy delicadas: la muerte de un hombre en una comisaría y los presuntos abusos de menores en rituales satánicos. El mismo órgano constitucional que lo nominó para el puesto es el que lo separó.
“Es una mentira. La denuncia es absolutamente falsa”, se defendió Ramón Francisco Tomás Ramírez, el suspendido Juez de Instrucción y Correccional de Saladas. El magistrado - separado de sus funciones mientras se instruye su juicio -aseguró la existencia de una persecución en su contra por parte del fiscal de esa localidad y del Ministerio Público de la Justicia provincial.
Son varios los puntos a analizar en la decisión del Consejo de la Magistratura de avalar la denuncia por mal desempeño contra Ramírez - es decir, acusarlo formalmente - y, de esa manera, permitir el inicio de las actuaciones en el marco del juicio político que estará a cargo del Jurado (“Jury”) de Enjuiciamiento (ver recuadro aparte) que podrá destituirlo.
El primer punto es que el Consejo de la Magistratura que lo nominó para acceder al cargo de juez en Saladas (su solicitud de Acuerdo fue aprobado por el Senado en abril de 2011) es el mismo órgano que da el puntapié inicial para separarlo de sus funciones. Además, las razones esgrimidas para destituir a Ramírez son similares a las que se expresaron para remover a Pablo Fleitas, en febrero de 2010, del juzgado de Instrucción de Mercedes. Éste último fue el primero de los tres magistrados destituidos desde la utilización del actual sistema para removerlos, implementado en la última reforma de la Constitución provincial.
Otro de los aspectos a evaluar es la gravedad de varias de las investigaciones que llevaba adelante hasta su suspensión, el lunes a media mañana: niños que habrían sido abusados en rituales de sectas satánicas en Empedrado y la muerte de un hombre incinerado en la comisaría de San Lorenzo (ver recuadro aparte).
Pero su accionar en ambos casos - que fue cuestionado por partes interesadas a través de los medios de comunicación - no fue el motivo para que el Consejo de la Magistratura lo acuse por mal desempeño. La razón: la denuncia de un particular quien afirmó que el magistrado, en estado de ebriedad, gritó improperios a una hermana y una sobrina que lo acompañaban a la salida de un baile. Y que al increpar al juez fue rodeado por policías de civil, lo que generó un tumulto que terminó con golpes y uno de los efectivos esgrimiendo su arma reglamentaria.
Tales cargos fueron negados por Ramírez. El suspendido juez dijo que, en realidad, los hechos sucedieron de manera diferente y que tiene manera de probar su inocencia. Señaló que fue el denunciante quien intentó agredirlo y que luego hizo lo propio con los policías que intentaron normalizar la situación. Y que no fue preso porque escapó de los efectivos. También negó que estuviera ebrio. Luego cargó contra el titular de la fiscalía de Instrucción de Saladas, Osvaldo Ojeda, a quien responsabilizó por una suerte de “persecución sistemática” que habría dado origen a varias presentaciones por mal desempeño e irregularidades. No satisfecho, las acusaciones de Ramírez fueron aún más elevadas: acusó al Fiscal General del Ministerio Público, César Sotelo. Dijo que hay interés en removerlo de su cargo para que el Juzgado que encabezaba quede en otras manos. Tal afirmación es, además de temeraria, cuando menos, curiosa.
Si el Consejo de la Magistratura hubiera entendido que el Juzgado de Saladas no debería estar bajo su control, no hubiese sorteado el examen para integrar la terna de postulantes a ocupar el cargo. Y tal selección se dio recientemente, hace sólo poco más de un año. Es decir, el órgano que lo seleccionó y lo incluyó luego en una terna de la que el Gobernador eligió un nombre para postular, es el mismo que ahora entiende que su accionar, ya como juez, no fue el apropiado. Lo demás, son meras especulaciones.
Miércoles, 21 de noviembre de 2012
