Camilo De Biase podría ser destituido la semana que viene en un juicio político. Aparece entre los magistrados que beneficiaban al personal de las fuerzas de seguridad con cautelares. También apuntan a Aníbal Fernández.
El suspendido juez de Santo Tomé, Humberto Camilo De Biase, fue involucrado en los casos de los jugosos sueldos que percibían gendarmes y prefectos merced a sus medidas judiciales. Pero desde el entorno de este magistrado, que podría ser destituido la semana que viene, apuntan a Aníbal Fernández porque hasta 2010, cuando este terminó su función de ministro al frente de las fuerzas de seguridad, el Estado nacional consentía esas cautelares que beneficiaron a alto mandos de la Gendarmería y la Prefectura Naval.
De Biase, que está en proceso de juicio político en Corrientes por dictar esas medidas en contra de la Nación, siendo un juez provincial, aparece junto con otros ya exmagistrados provinciales en denuncias que lo involucran en una supuesta red de corrupción entre Juzgados y estudios jurídicos para dictaminar los altos montos salariales que el Estado viene pagando a parte del personal de esas fuerzas de seguridad.
Por las mismas razones, Beatriz Duarte fue destituida como jueza civil de Paso de los Libres el año pasado en Corrientes por denuncias similares, mientras que en Sáenz Peña (Chaco) renunció el juez Alberto Pintos antes de que se iniciara un enjuiciamiento en su contra por las mismas razones.
El periodista porteño Horacio Verbitsky, vinculado al gobierno kirchnerista, denunció la existencia de una “red de corrupción judicial” que tramitaba amparos judiciales con exorbitantes aumentos de sueldos para agentes de seguridad gracias a la labor de “miembros de servicios jurídicos y contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos”.
“Esto permitió que el 79 por ciento de los más de 30.000 agentes en actividad de la Gendarmería y el 60 por ciento de los 16.500 de la Prefectura cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas”, apuntó en una nota en el diario Página 12, sobre el “fabuloso negocio” que se vio luego afectado por el decreto del Poder Ejecutivo que estableció “ordenar la escala salarial”.
Verbitsky cita como fuente un informe realizado en julio de este año por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad, que puso la mirada sobre los amparos judiciales que derivó en que la “autoridad política haya perdido absolutamente el control sobre la escala salarial”.
La irregularidad, advertida por la Corte Suprema de Justicia, motivó el intento por parte del Gobierno de “retomar el control, mejorar los salarios más bajos y contener los más altos, lo que provocó una insidiosa respuesta por parte de quienes gozaban de los beneficios de la situación anterior”, agrega el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
Aunque el decreto 1307, firmado el 31 de julio, dispone que ningún miembro de esas fuerzas de seguridad percibiría menos que el mes anterior, la liquidación de los sueldos realizada por Prefectura y Gendarmería “redundó en fuertes reducciones salariales en los niveles más bajos del escalafón, que desataron el conflicto”. Según la publicación del periodista, con las medidas cautelares a su favor, los altos mandos de la Gendarmería y la Prefectura llegaban a percibir hasta 93.000 pesos de ingreso mensual. Pero desde su entorno entienden que, más allá de las medidas cautelares, había consentimiento del entonces ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Aníbal Fernández, quien consentía que se pagaran esos jugosos haberes y recién ahora, dos años después, el Estado nacional acciona contra dichos pronunciamientos judiciales. Fernández ocupó ese cargo hasta diciembre de 2010, casualmente cuando los juzgados cuestionados ya no firmaban esas cautelares.
Martes, 9 de octubre de 2012
