En su ponencia, el Arzobispo de Corrientes dijo que “la persona humana existe desde la concepción”.
El arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, fue el primer expositor en la Audiencia Pública realizada ayer en la Facultad de Derecho de la UNNE, en el marco de la reforma, unificación y actualización del Código Civil y Comercial de la Nación. Legisladores oficialistas y opositores destacaron el gesto del prelado, al pedir que el nuevo texto “iguale para arriba” a las demás religiones y les confiera igual personería jurídica que a la Católica.
Al contextualizar, Stanovnik explicó que el proyecto “reproduce la norma del actual artículo 33, considerando a la Iglesia Católica una persona jurídica pública”.
No obstante, aclaró que “ser persona jurídica pública no implica ser parte de la estructura estatal” y subrayó que la entidad que representa “es pública pero autónoma respecto del Estado”.
Al mismo tiempo, hizo hincapié en el hecho de que “mantener el reconocimiento de la Iglesia Católica en la misma forma que ha sido hecho desde el inicio de la Nación hasta ahora, no es otorgarle privilegios, sino reconocer una realidad jurídica e histórica”.
Tras esa serie de consideraciones, el prelado observó que la propuesta del Ejecutivo Nacional “omitió cualquier previsión acerca de la personalidad jurídica de las restantes confesiones religiosas”. Y refirió que la situación actual predispone a las comunidades religiosas distintas a la Católica, a acudir a la figura de “Asociación Civil” para “poder existir jurídicamente”.
“La Iglesia Católica es la primera en afirmar y defender el derecho de todas las iglesias y comunidades religiosas, a ser reconocidas como sujetos de derecho, y a poder conducirse en sus asuntos internos con autonomía y sin interferencia del Estado”, enfatizó Stanovnik, “por lo tanto, lejos de poner inconvenientes, la Iglesia Católica apoya el reclamo de las demás iglesias de que el Código contemple, como una clase especial de personas jurídicas”, redondeó.
En otro orden de temas, Stanovnik afirmó que “la persona humana existe desde la concepción” y bajo ese lema se manifestó contrario a la gestación por sustitución.
“No reconocer esta igual dignidad para todos, significa introducir una discriminación injusta”, sostuvo. A ello, agregó que “si introdujéramos el principio de la selección de vidas dignas de vivir y el principio de supresión de vidas que ya no merecen vivir, deberíamos advertir que esos principios pueden convertirse luego en práctica política, que justificaría, como sucedió en otras épocas, la discriminación de grupos humanos que se consideraban una amenaza para la humanidad”.
A su vez, el Monseñor abordó la temática relacionada con el Derecho de Familia. La consideró anterior al Estado y opinó que “éste debe apoyar y acompañar los modelos de vida en los que los esposos se comprometen a la fidelidad, la cohabitación, la asistencia recíproca y el bien de los hijos”.
Por ende, indicó que “la ley debe proponer -como hizo siempre y en la perspectiva del bien común-un modelo de familia, y apoyarlo”. Por lo cual, estimó que “la equiparación casi absoluta entre el matrimonio y la llamada ‘unión convivencial’, no contribuye a dignificar a aquél”.
Luego agregó que “el régimen de la paternidad, la maternidad y la filiación, en el texto para la Reforma del Código Civil, generan incertidumbre respecto a la protección de los derechos de los niños. La regulación de los efectos de las técnicas de fecundación artificial, -ignoran las objeciones ético-jurídicas de fondo que merecen -, y privilegia un supuesto ‘derecho al hijo‘, por sobre los derechos del hijo a la vida y al respeto de su intrínseca dignidad y el principio de originalidad en la transmisión de la vida humana”.
Por último apuntó que sobre las cuestiones que la Iglesia puntualiza no recurre “a la Revelación ni al dogma, sino que ofrece una argumentación razonada y fundada, a partir de los datos que le proporciona el avance de la ciencia y de la técnica”.
Viernes, 28 de septiembre de 2012
