La idea es capacitar tanto a trabajadores parlamentarios como judiciales en temas como violencia de género, y/o explotación sexual de mujeres. Se apunta al intercambio de información y conocimientos. Leyes y marco legal serían los ejes de estudio. Se ultiman detalles del texto del “Acuerdo”.


El próximo 20 de septiembre rubricarán un “Convenio de Colaboración” las autoridades de la Cámara de Diputados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes con la finalidad de llevar a cabo actividades que propendan al mejor cumplimiento de los objetivos de cada una de las partes, involucrando temas inherentes a la Perspectiva de Género en el diseño de las políticas públicas.

Dicha cuestión fue motivo de encuentro del Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani con la titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes Dra. Selva Angélica Spessot el pasado martes, oportunidad en que definieron “detalles del texto a ser firmado” en sede de la Corte Suprema de Justicia en Capital Federal con la presencia de su máxima representante la Dra. Carmen Maria Argibay, según lo adelantado oficialmente.

El presidente Cassani remarcó que la Cámara Baja se viene abocando al tratamiento de leyes que garantizan los derechos de la mujer; comprometiéndose en ese sentido, a entregar copias de las normativas ya sancionadas, y las que recibieron media sanción en este ámbito.

Por otra parte, remarcó que sería interesante que el personal legislativo pueda asistir a cursos y actividades de formación en torno a problemáticas que preocupan a toda la sociedad, y que son objeto de estudio y accionar parlamentario; coincidiendo en un todo la Dra. Spessot quien habló de la necesidad de que también los empleados judiciales estén informados sobre dichas leyes.

En los considerandos del convenio a firmar se señala que “la República Argentina al firmar e incorporar en 1994 diversos tratados, convenios y declaraciones, asumió el compromiso de incorporar la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas a ser llevadas a cabo por los poderes del Estado. Entre esos suscriptos se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, incorporada al texto constitucional, asi como la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aprobada por ley 24632”.

También se menciona en los fundamentos que “con relación al Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha firmado, en el marco de las Cumbres Iberoamericano de Justicia, entre otros, la Declaración de Cancún (2002), y ha adoptado las Reglas de Brasilia (2008), las que implican determinadas acciones en aras de promover la igualdad de género e incorporar una política institucional transversal en todos los niveles y en todas las áreas de su organización y en el servicio de Justicia (Acordada 5/2009). Que para ello se han previsto determinadas acciones en diversas áreas como capacitación, investigación y el desarrollo de programas de cooperación nacional e internacional”.

Miércoles, 5 de septiembre de 2012