La Justicia imputó ayer a siete personas por haber participado de escraches a una cuestionada jueza de la provincia y a los empresarios acusados por el trágico episodio en el que murieron 8 trabajadores de la construcción, en marzo pasado.




La justicia provincial imputó ayer a siete personas que participaron del escrache a la cuestionada jueza Josefina González Cabañas y a los empresarios de la construcción acusados de ser los responsables de la tragedia en la que murieron 8 obreros, en el derrumbe fatal del 22 de marzo pasado.
Las imputaciones generaron ayer la indignación de los familiares de las víctimas, los que consideran que las denuncias por haber realizado un escrache representan una chicana para que dejen de seguir con sus reclamos de justicia, al tiempo que ninguno de los responsables está en prisión, así como también fracasaron las conciliaciones para que pueda cobrar una indemnización económica.
La causa por estas imputaciones a los familiares está en manos del juez en lo Correccional Nº 2, Luis Cocchia Breard, y fue impulsada por el fiscal Buenaventura Duarte y empresarios que realizaron cinco denuncias por diversos supuestos delitos.
Las siete personas imputadas son: Rosa y Diego Urbina, Nancy Ribero, Mariela Zacarías (familiares de las víctimas) y las abogadas Laura Olivera y Yenni de Zarabozo y el vecino Enrique Zarabozo, quien sufrió el impacto del derrumbe en el techo de su casa del barrio Cambá Cuá.
Rosa Urbina es la mamá de Diego Rodríguez, un joven que tenía 23 años que cayó del séptimo piso y murió en el acto (dejó a su pareja y un hijo de 3 años). “Estoy indignada porque al final somos nosotros los culpables. Cómo es posible que nos hagan esto. Es increíble que los que pedimos justicia terminemos imputados. Es indigno lo que están haciendo con nosotros y todo por un escrache que hicimos porque acá no hay justicia”. Así se expresó Rosa en diálogo con La República tras confirmar que estaba imputada.
La señora, mayor de 60 años de edad, tuvo que vivir ayer el momento indignante de presentarse a declarar ante la Brigada de Investigaciones, donde le tomaron las huellas digitales, un momento horrendo que tuvo que pasar la madre del joven muerto. En esa oportunidad, ella estuvo acompañada de Nancy, la pareja del fallecido Diego Rodríguez.
Entre lágrimas, Rosa Urbina aseguró ayer a este diario que las protestas continuarán en reclamo de justicia porque hay 8 personas muertas y ningún responsable determinado por los investigadores. “Es una vergüenza todo esto y por eso vamos a seguir para que se termine la impunidad”, expresó.
El abogado Rubén Leiva, que patrocina a Rosa, afirmó que estas imputaciones “son una aberración porque resulta que ahora los denunciados por la tragedia pasan a ser víctimas y denunciantes”.
Leiva explicó que por todos los delitos que los denunciantes afirman contra los familiares imputados suman la insólita pena de 28 años de prisión. “Alegan en los escarches y reclamos de justicia se cometieron los delitos de daños, amenaza de muerte, instigación a la violencia, instigación a cometer delito, asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad”, relató el abogado.
Los denunciantes de estos delitos son los empresarios de la construcción William y Marcelo Mayer y Alfredo Bury, además de Carlos Valenzuela, un obrero de la construcción que actuaba como capataz. Todos estos recibieron hace dos semanas un escrache con pintadas en las veredas y paredes de sus domicilios.
Mientras tanto, la causa por la tragedia no arroja aún mayores novedades pese a que hay más de diez imputados. Esta situación, al cabo de cinco meses transcurridos, provoca aún mayor indignación entre los familiares.
Las denuncias de impunidad contra la justicia correntina comenzaron a pocos días de haber ocurrido el derrumbe fatal, cuando la cuestionada jueza González Cabañas les concedió la libertad a los empresarios imputados cambiando la carátula de la causa.
González Cabañas convirtió la causa de estrago doloso por estrago culposo, que establece una pena menor y tuvo que ordenan la liberación de los sindicados como los principales responsables.

Miércoles, 5 de septiembre de 2012