En este caso, es por el predio de 1,2 hectáreas que fue tomado por unas 170 familias el pasado 17 de agosto, en el barrio Galván II. El lugar está en juicio sucesorio desde 1970. “La usurpación fue premeditada”, aseguran.



El abogado que entiende en el juicio sucesorio por el terreno ubicado por Alberdi al 2500, en el barrio Galván II, Rómulo Rinaldi, informó ayer que, a partir de la denuncia penal que promovió en el Juzgado en lo Correccional Nº 2, los usurpadores del predio podrían ser condenados a entre 3 y 6 años de prisión, aunque confía en que accederán al retiro para evitar esa situación. El predio tiene 1,2 hectáreas y fue tomado por 170 familias el pasado 17 de agosto.
En conferencia de prensa, el profesional precisó ayer detalles del juicio que fue iniciado en el año 1970 por Luis Alberto Feris. Actualmente, el expediente 30978 se tramita ante el Juzgado Nº 3. Tres personas se presentaron como descendientes y la causa quedó titulada “Romano, Juan Inocencio y Carlos Raúl Romano s/ sucesorio”.
Al inicio, los sucesores eran 5 hijos: Justa Josefa de Gómez y Carmen Rosario; Juan Cancio, Carlos Raúl, y en 1979 se sumó Raúl Baltazar Romano.
El inmueble perteneció originalmente a una tía directa de la familia Romano, Cecilia Sofía Romano de López, quien no tuvo descendientes, y transmitió sus bienes a su hermano Juan Manuel Romano. Al fallecer, quedó en poder de sus hijos, Dominga, Rafael Julián y Juan Inocencio Romano.
Dominga y Rafael Julián vendieron a terceros sus partes en condominio, y es por eso que solo se tramita el juicio sucesorio del último heredero vinculado a la propietaria original, Juan Inocencio Romano.
En ese contexto, dentro del sucesorio, el inmueble usurpado es en la actualidad un condominio todavía indiviso donde existen ocho partes a la espera de una re solución judicial, informó Rinaldi a La República.
Sin embargo, el 17 de agosto, “usurpadores ingresaron al predio de manera organizada y premeditada y avasallaron los derechos de sus titulares”, dijo el abogado en referencia a los herederos, y también el de los condóminos con iguales derechos, según lo establece la Constitución nacional y el Código Civil, señaló.
“Siempre el expediente tuvo su movimiento judicial, y nunca el lugar estuvo abandonado”, dijo e indicó que 10 días antes de la usurpación recibió una advertencia por parte de una mujer que hoy se presenta como delegada del asentamiento, María Luz.
“Ella me lo advirtió; después parecía que habían entendido que son terrenos sucesorios y se retiraron, pero cuando en la Municipalidad no los atendieron, volvieron”, remarcó.
Indicó que en 1995 se desalojó a una empresa de florería que pretendía quedarse en el lugar. Fue vallado y cercado, pero luego “depredaron todo”.
“Esto es claramente un delito. Con los intrusos no dialogamos”, sostuvo Rinaldi, quien presentó una denuncia penal en agosto ante el Juez en lo Correccional Nº 2, Luis Cocchia Breard, que prohibió la construcción en el lugar.
En ese plano, Rinaldi advirtió que los usurpadores podrían ser condenados a entre 3 y 6 años de prisión, aunque espera que los okupas decidan retirarse para evitar esa situación, así como el desalojo que es la última instancia a la que querrían llegar.
“No bien se vayan, yo retiro la causa civil”, garantizó. Ese expediente está en trámite en el Juzgado Civil Nº 3, a cargo de María Eugenia Herrero.

Martes, 4 de septiembre de 2012