Humberto Camilo De Biase Echevarría se defiende de una dura acusación del Superior Tribunal de Justicia por trámites que perjudicaban a la Nación. Ayer, pidió la nulidad del proceso y la recusación de dos miembros del jurado.
El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia comenzó ayer el juicio político contra el suspendido juez Civil y Comercial de Santo Tomé, Humberto Camilo De Biase Echevarría, quien tiene en su contra una denuncia del Superior Tribunal de Justicia, que lo acusa de cometer graves irregularidades cuando dictaba medidas cautelares que habrían perjudicado al Estado nacional.
El juzgamiento se inició ayer a la mañana en el auditorio del noveno piso del Poder Judicial de la Provincia, esquina de San Juan y 9 de Julio, con un jurado presidido por el ministro del Superior Tribunal, Guillermo Semhan.
A través de su abogado defensor Ernesto González, el juez cuestionado hizo tres planteos: pidió la recusación del presidente Semhan y del fiscal César Sotelo, al acusarlos de haber adelantado opinión en su contra en procesos anteriores; y además solicitó la nulidad del juicio por supuesta generalidad y falta de precisión en las acusaciones.
Estos planteos serán respondidos mañana a partir de las 8.30 cuando se concretará la segunda audiencia del debate. Pero lo cierto es que De Biase tiene en su contra un duro informe remitido al Consejo de la Magistratura por el Superior Tribunal. Según los jueces del alto tribunal denunciante, el suspendido magistrado dictaba en forma irregular medidas cautelares contra la Nación para beneficiar a demandantes particulares y perjudicar al Estado.
“El informe elaborado por la instrucción sumarial dio cuenta de dos hechos puntuales que a criterio del cuerpo provincial resultaron motivo suficiente para denunciarlo por la causal de mal desempeño y motivaron la apertura de un sumario administrativo que finalizó con una sanción disciplinaria por parte del STJ: uno es la tramitación de gran cantidad de causas federales y otro el aumento de expedientes de guardas con fines de adopción a partir de 2010”. Así detalló un comunicado del Superior Tribunal el 25 de julio pasado.
En relación con las medidas cautelares contra la Nación, por esta misma causa ya había sido destituida el año pasado la jueza Civil y Comercial de Paso de los Libres, Beatriz Duarte. El informe del tribunal lo relata de la siguiente manera: “El magistrado se habría extralimitado en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales –respecto de la competencia material y territorial– al dictar medidas cautelares contra el Estado nacional y organismos federales, cuando de los términos de la misma demanda surgía claro que se trataba de una cuestión ajena a su competencia. Se destacó con mayor carácter el hecho de haber dado trámite a cuatro nuevas causas en diciembre del año 2010 teniendo pleno conocimiento del encuadre que había recibido el asunto en el juzgamiento político que se le siguió a su par, la doctora Beatriz Duarte”.
A todo esto, el abogado González expresó en diálogo con La República la defensa al juez que está al borde de la destitución. “Justamente, pedimos la nulidad de este juicio porque el expediente no da precisiones de cuántas, cuáles y cómo fueron dictadas las medidas cautelares que son supuestamente irregulares. Hay casos en los que un juez provincial puede dictaminar en causas contra el Estado nacional, como ocurría en 2001 contra el corralito bancario”, dijo el defensor.
Ahora, el jurado tendrá que decidir si acepta los planteos de la defensa o sigue adelante con el proceso.
Presidido por Semhan, el Jury está integrado por los miembros Sotelo, como representante del Ministerio Público; los diputados Nora Nazar y Jorge Quintana; el senador Vicente Picó; el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Unne, Jorge Buompadre, y el juez camarista Eduardo Panseri, por el Colegio de Magistrados.
Miércoles, 22 de agosto de 2012
