Un proyecto presentado por el oficialismo del Senado provincial intenta imitar una medida aprobada recientemente en Córdoba. Allí se abandonó un pacto fiscal que data de 1992. La intención es recuperar el 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables que se redirige a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
La iniciativa fue elevada a la Cámara alta por los legisladores radicales Sergio Flinta y Noel Breard, junto con otros cuatros senadores oficialistas. De esta manera, pretenden oficializar su denuncia a la Ley Nacional Nº 24.130, que suponía ser "de carácter transitorio y provisorio para financiar el sistema previsional argentino mientras estuviera privatizado".
En el cuarto artículo del proyecto se propone que "una vez realizado el descuento que establece la Constitución y las leyes de la Provincia respecto a la coparticipación municipal que deberá adicionarse al sistema automático que viene realizándose", y el saldo se distribuirá de la siguiente forma:
30 % para viviendas urbanas y rurales (70 % y 30 % respectivamente)
15 % para cubrir el déficit previsional o aumento de jubilaciones y pensiones.
55 % se asignara en el presupuesto provincial de cada año conforme a las prioridades de la política y plan de gobierno, respetando los fondos de emergencia si hubieren establecidos por ley.
Si no se cumpliese con lo demandado, se instruye al Gobernador a iniciar acciones legales ante la Nación frente a la Corte Suprema de Justicia, lo que se podría realizar de manera individual o sumarse a otros distritos en la misma situación.
EL CASO CORDOBÉS
Fue el primer y, hasta el momento, el único distrito en aprobar una medida que con la que se pretendía sostener al sistema previsional nacional. Lo hizo anoche por unanimidad, auspiciado por el gobernador José Manuel de la Sota.
El paso siguiente será la intimación ante el gobierno nacional para que se termine el descuento de esos quince puntos porcentuales de a Coparticipación. Rechazaron que sea una actitud "antisolidaria" y recordaron que ya tienen un conflicto con la Nación por 1039 millones de pesos, cuyo final será resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Aquel pacto se había creado como un método con el que se pueda contrarrestar la caída de la caja ante la creación de las extintas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Afjp).
Con el regreso del control de los aportes jubilatorios al Estado, ese quince por ciento siguió en manos del Gobierno Nacional. Córdoba avanzó denunciando deudas federales con su administración y aspira así a recomponer su desfinanciado sistema previsional.
Viernes, 10 de agosto de 2012
