En el marco de la causa abierta por malversación de fondos públicos en la Facultad de Arquitectura de la UNNE, la Fiscalía Federal de Resistencia requirió que se impute a 14 personas por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude y encubrimiento.

En su extensa presentación, realizada este viernes ante el Juez Federal, Carlos Skidelsky, el fiscal Patricio Sabadini aseveró que la gran cantidad de material probatorio confirma una serie de irregularidades vinculadas a importantes pagos de sueldos retroactivos a docentes por tareas que nunca realizaron, como así también de otorgamientos de cargos a profesionales que tenían abiertas incompatibilidades.

Por este motivo, Sabadini solicitó que se profundice en la investigación de 14 personas que tuvieron cargos jerárquicos dentro de la Facultad de Arquitectura, como así también a los profesores que resultaron beneficiados con estas contrataciones irregulares. A esto se le agrega la participación que tuvo el ministro de Educación correntino quien, de acuerdo al fiscal, estuvo involucrado en una maniobra de encubrimiento.

El esquema
Para esquematizar su acusación, Sabadini dividió en tres los hechos investigados. El primero analiza la maniobra irregular que se realizó para abonarles un año de salarios en calidad de retroactivo, a los diseñadores gráficos Haraldo Schoroeder y Mario Liper Quijano, sobre los cuales, a la fecha, no hay un solo papel que determinen que efectivamente trabajaron durante ese período. La contratación de ambos, se produjo el 16 de marzo de 2010, por resolución N°28/2010, del exdecano de la Facultad de Arquitectura, Jorge Putallaz. Esto se realizó previo consejo de las consejeras Dora Foulkes de Valdes, Ángela Sánchez Negrette y María Wilda Mac Donlad.

En la resolución que emitieron las consejeras, con fecha 2 de marzo de 2010, pusieron en función en el cargo de auxiliares docentes a Schroeder y Liper Quijano, con dedicación simple, en la cátedra “Historia del Arte”, pero con efecto retroactivo en el cobro, en el período que va desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2009. Es decir que cobraron por prestación de servicios que no fueron efectuados, según el fiscal.

Dos
El segundo hecho analizado por Sabadini apunta a la contratación irregular, por abierta incompatibilidad, del arquitecto, Juan Carlos Coccato. Esta vez, el decano a cargo de la Facultad, era José Luis Solé, antecesor de Putallaz en la conducción de Arquitectura. Solé, a través de la resolución N° 1385/2006, del 18 de Diciembre de 2006, designó de forma interina a Coccato como profesor de Morfología II, de la carrera de Arquitectura. Esta decisión se realizó violando la normativa de incompatibilidad de la UNNE debido a que Coccato pasó a planta permanente en el Ministerio de Salud del Chaco en febrero de 2006, hecho que el mismo Coccato no mencionó en ninguna de las declaraciones juradas que exige la UNNE a cada profesor nombrado.

Es más, en el transcurso de 2008 ni siquiera presentó su declaración. Y Solé tampoco se la exigió. “La incompatibilidad se verifica (en que) Coccato no podría cumplir las cuarenta horas semanales previstas para el régimen de dedicación exclusiva, teniendo a su cargo al mismo tiempo, dos puestos laborales de planta permanente en la Cátedra de “Morfología II” de la FAU-UNNE y el Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco”, sostuvo Sabadini.

Aún más: la continuidad política en Arquitectura fue tal que ya en la gestión de Putallaz, no sólo que se le renovó el cargo de dedicación exclusiva a Coccato, sino que se le otorgó otro más, en diciembre de 2008. Esta vez sólo de dedicación simple como titular de la cátedra de Arquitectura V. Es decir, a enero de 2009, Coccato tenía tres trabajos: dos cátedras en la UNNE y de planta permanente en Salud Pública.

Acusaciones
Con este marco, el fiscal resolvió acusar al exdecano Putallaz de fraude en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración infiel, en calidad de autor. Incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público. Todo en concurso real.

La presentación también apuntó al exdecano Solé, a quien también acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor. Sabadini también imputó a los exconcejeros de Arquitectura, Dora Foulkes de Valdes, Carlos Gomez Sierra, María Mac Donald y Ángela Sánchez Negrette, de cometer fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de partícipes necesarios e incumplimiento de los deberes de funcionario.

A Foulkes y Gomez Sierra les añadió la acusación de encubrimiento agravado, en calidad de autor. Retroactivos. También acusó a los profesores que cobraron retroactivos de manera irregular, Mario Liper Quijano y Heraldo Schroeder, de fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de partícipes necesarios y de incumplir deberes de funcionario público.

Además, apuntó contra el arquitecto, Juan Carlos Coccato, a quien lo acusó de incumplir deberes de funcionario público. El actual presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, José Romero, el fiscal lo acusa de incumplir deberes de funcionario público, al igual que al actual ministro de Educación correntino, Orlando Macció, sobre quien también pidió que se lo impute por encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público, en calidad de autor.

La Directora General de Asuntos Jurídicos, María Farias de Ramirez; su par de de Gestión en Personal FAU-UNNE, María Bataglia y la secretaria Académica, María Latorre también quedaron bajo la lupa de la Justicia. El fiscal las acusó de incumplir deberes de funcionario público y de encubrimiento agravado. Cabe recordar que esta causa se inició con las denuncias presentadas ante la Justicia Federal entre diciembre de 2011 y abril de este año por un grupo de consejeros de Arquitectura, encabezado por el arquitecto Guillermo Jacobo. En esa presentación, afirmaron que la estafa al Estado ya era millonaria. “Hemos solicitado en informes en reiteradas ocasiones a la autoridades de la facultad y en particular a Putallaz y reiteradamente nos ha negado la información. Así que el grupo completo tuvo que llegar a esta instancia judicial”, expresó Jacobo.


Miércoles, 8 de agosto de 2012