Desde hace 9 años trabaja en la resolución de todo tipo de conflictos, pero admite que es la primera vez que enfrenta un fenómeno como este. Confía en un exitoso desenlace del caso, pero aclara que será necesaria la participación de todos los componentes del Estado.







Desde hace nueve años trabaja en la resolución de todo tipo de conflictos, aunque admite que es la primera vez que enfrenta un fenómeno como este. Confía en un exitoso desenlace, para el cual será necesaria la participación de todos los componentes del Estado.
Alejandro Botini es el rostro visible de un grupo de negociadores que se puso al frente de un sorpresivo hecho social que encontró con las defensas bajas a toda una dirigencia política que hasta ahora no le encontró una salida apropiada a este complejo problema, denominado comúnmente -aunque fuera de una estricta definición semántica- como okupas.
Unas 44 hectáreas del barrio Pirayuí fueron tomadas los primeros días del mes pasado por un grupo de gente que se apropió de esos terrenos. Un par de empresas inmobiliarias que acreditaron pertenencia radicaron denuncia por usurpación y el único que afrontó con serio rigor de compromiso este extraño conflicto fue el Poder Judicial a través del Juzgado Correccional, que a su vez designó a un grupo de mediadores para que actuaran en el terreno.
La tarea nunca fue sencilla, pero desde el principio hubo avance sobre los rieles del diálogo, lo cual no hace más que destacar el trabajo de quienes operan muchas veces desde el anonimato y afrontando la falta de reconocimiento.

A un mes de iniciada la toma de terrenos y con una mirada un poco más abarcativa del caso, ¿cómo cree que se inició todo esto?
En verdad que es un fenómeno que se presentó de manera sorpresiva y a mi modo de ver fue como un efecto contagio, pero en el buen sentido de la palabra, no como una enfermedad sino como algo que comenzó a darse. Unos pocos decidieron meterse y después se corrió la voz entre parientes, amigos, conocidos y así se fue dando. Me inclinaría por decir que estamos ante un efecto de imitación, que sólo es posible analizar desde una mirada sociológica.


Siempre se trató de buscar a un culpable y según su visión, ¿quién tuvo la idea de meter a esta gente allí? ¿el Gobernador, el Intendente o las empresas inmobiliarias?
Ja, ja. Te repito, para mí fue un efecto imitación. Si observás por ejemplo un detalle, te parás en la entrada al Puente Blanco y mirás hacia tu izquierda te vas a dar cuenta que hay terrenos más altos, que están en mejores condiciones de construir una casa, pero esta gente se metió del otro lado, donde los ambientes no son los óptimos, por el contrario, hay parcelas anegadas. De eso puedo deducir que las personas creyeron que se trataba de tierras improductivas y sin dueños, por eso avanzaron con sus carpas. Después vino lo que todos sabemos.

A ustedes los llamaron como mediadores, ¿en qué consistió la primera misión?
Nosotros bajamos al terreno para tomar contacto con ellos y comunicarles que no estaba bien lo que estaban haciendo porque esos espacios tienen dueños; siempre buscando una salida pacífica. Los primeros días tratamos en vano de convencerlos para que abandonaran la toma, pero decían que no tienen dónde ir.

¿Usted cree que son personas que en verdad necesitan de los terrenos para hacer su casa?
De acuerdo con lo que fui viendo después de tantos días de compartir horas en esos lugares, yo creo que sí; hay muchas personas carentes de un techo propio, o sino no se explica que aguanten días de frío o metan sus propios hijos en el asentamiento donde no tienen nada; me parece que si tienen su casa no harían este sacrificio. La situación de esas familias es muy triste y me toca de cerca, ya que son muchas las horas que fui compartiendo con ellos.

¿Y dónde estaba toda esta gente antes, de dónde salieron?
Muchos estaban en las barriadas. En una casa pequeña vivían 8 ó 12 personas en viviendas de dos habitaciones, los que vieron esta posibilidad de encontrar un pedazo de tierra y se metieron. Otros decidieron abandonar el alquiler o porque era muy caro o no podían seguir pagando, y bueno, después se sumaron a este efecto imitación, cascada o dominó, como quieras llamarlo.
Están a punto de conocer cuántas familias conforman el asentamiento. Pero en principio tenían miedo de revelar los datos por temor a ser imputados del delito de usurpación. ¿Eso fue así?
Sí, eso decían, pero ese es un punto muy interesante para aclarar porque el relevamiento que buscamos no es para imputar a nadie, sólo queremos conocer las condiciones socioeconómicas y ambientales en que se encuentran. La intención final es que abandonen el estado de usurpación e ingresen como propietarios.

Este lunes está prevista la entrega de la nómina total de familias. ¿Esto cómo continúa?
Después de eso se inicia otro proceso que consiste en un análisis integral de cada situación. Se verá por ejemplo el tiempo que llevan inscriptos en el Invico, y lo principal: si cuentan con otras propiedades; también se realizará un cruce de datos con la esposa o el marido de la gente que está allí. Después se verá el resto.

Por su experiencia en el terreno, ¿cuántas familias cree que están en los asentamientos del Pirayuí?
Es difícil de calcular, pero más de mil seguro. En esto se tiene que ver las cifras que se manejaron hasta el momento, las cuales obran en sede judicial. Los primeros días, la Policía de la provincia llevó a cabo un primer relevamiento que arrojó 300 familias; después las asistentes sociales que trabajaron en la zona contabilizaron unas 680 familias y el día en que se presentó el proyecto de expropiación, la nómina de firmantes trepaba a 1.280 aproximadamente, así que los números que surjan serán importantes para conocer bien de cuántas personas hablamos. Te aclaro que este último trabajo fue realizado por los 22 ó 25 delegados de los asentamientos.

Hasta ahora la única propuesta que existe es la de las inmobiliarias, pero ¿hay otros dueños?
Sí claro, de acuerdo con el Código Civil los espacios linderos a las vías del ferrocarril pertenecen al Estado, en la misma situación creo que se encuentra la línea de los cables de alta tensión; y hasta existen terrenos que serían del Ejército. Pero lo que no se tiene que dejar de lado en ningún momento es la extensión, y en ese sentido hay que recordar lo que dijo Raúl Castells en su momento, de que este es el asentamiento más grande del país. Más allá que lo haya dicho él, bueno, en esto me parece que no debe estar tan errado.

En caso de que las partes se pongan de acuerdo, ¿cómo se sigue?
Bueno, ahí arrancará otra etapa, donde indefectiblemente tendrán que tomar intervención los diferentes componentes del Estado, tanto municipal, provincial como nacional. Se avanzará con los loteos, la demarcación final de los espacios y principalmente la provisión de los servicios esenciales como ser agua y luz. Para esto será importante también la aprobación de una ordenanza que declare zona urbana, algo que hasta ahora no sucede. Todos tendrán que intervenir de alguna manera porque la solución no puede venir dada y sólo de un determinado sector. Demanda el compromiso de todos.

¿Cuál es la salida ideal que deberá tener este conflicto?
Desde una postura de negociador, siempre le doy una mirada positiva al asunto. Vamos a tratar con el equipo que se pueda dar una solución integral, que se llegue a un acuerdo entre las partes. Hay que analizar también que sí o sí se tiene que tener en cuenta a la política en esto. En la Legislatura existe un proyecto de expropiación presentado por la diputada Sonia López; otros diputados plantean diferentes iniciativas sobre este mismo asunto; en el medio siguen las negociaciones entre las empresas privadas de bienes raíces con los que permanecen en esas tierras. En todos los casos la solución se dará a largo plazo. Lo que me impulsa es sentir la tranquilidad de que todo va a salir bien, de la mejor manera.

Se temió principalmente en los primeros días por un desalojo masivo, ¿eso en algún momento se pensó?
No, para nada, lo importante es destacar que siempre se buscó una salida pacífica. En esto fue fundamental el rol que asumió la Justicia correntina, que le dio una mirada social al conflicto, no se detuvo en la letra fría de la ley, sino que buscó y busca una resolución social, algo que obra en estos momentos en el Superior Tribunal de Justicia, que trata de comprometer a los demás miembros del Estado. En mi experiencia personal resalto esto porque me tocó estar en otras provincias donde la salida fue otra. Acá siempre se encaró el asunto desde el diálogo y esto queda a las claras desde el momento en que decidieron contratar a negociadores para que bajen al terreno. Eso te da la pauta de la madurez con la cual se manejan.

Sobre la cuota alimentaria que otorgaba el Gobierno y después se cortó, ¿qué opinión le merece?
Tengo entendido que en la reunión que mantuvieron los delegados con el ministro de Gobierno, Gustavo Valdés, eso se solucionó con un compromiso de aportar todos los medios, pero de eso me enteré por los medios, no estoy muy empapado en ese asunto.

En cuanto al nivel socioeconómico de los que están en el asentamiento ¿qué puede decir?
En sede judicial obra un informe que describe las diferentes realidades, por ejemplo, de la existencia de familias con ingresos mensuales de sólo 500 pesos, y otros, por el contrario, con sueldos que llegan hasta los 5 mil pesos. Pero todos están unidos por una misma realidad, buscan un espacio donde hacer su casa, después se verá cómo pueden ir pagando por sus terrenos.

WALTER ALDERETE
walderete@ellitoral.com.ar

Lunes, 6 de agosto de 2012