Los vecinos que ocupan terrenos privados se niegan a pagar cuotas de 300 pesos para adquirir la propiedad. Se estableció un cuarto intermedio y, finalizado ese lapso, las partes deberán ofrecer una contrapropuesta concreta.
Los delegados de los okupas del barrio Pirayuí reiteraron ayer el pedido de expropiación y rechazaron la oferta de los propietarios de los terrenos privados usurpados en forma masiva desde el pasado 8 de julio. El planteo de las inmobiliarias consistía en la venta de parcelas de 10 x 20 metros en 120 cuotas mensuales de 300 pesos, a una tasa del 8% anual. Los vecinos se resisten a pagar ese monto. El mediador judicial, Alejandro Bottini, estableció entonces un plazo de 15 días para la presentación de contraofertas, a efectos de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
El mediador Bottini se reunió ayer, en horas del mediodía, con los 25 delegados de los usurpadores, quienes le informaron que la mayoría de los vecinos del asentamiento de barrio Pirayuí estuvo en desacuerdo con la propuesta de las inmobiliarias de pagar 120 cuotas a 300 pesos por mes.
“Esa cuota es impagable para muchas de las familias. En un momento se habló de 100 a 200 pesos en tasa cero”, sostuvo Fernando, uno de los delegados. Por otra parte, dijo también que rechazan la oferta porque el mediador “no está autorizado por firma alguna a hacerse responsable”. No obstante, durante el encuentro con el enviado judicial, esbozaron algunas alternativas que en el lapso de 15 días deberían cobrar forma a través de una contrapropuesta formal.
“Lo que esperamos es la expropiación de los terrenos por emergencia, y aguardamos una propuesta seria, pero hasta el momento el ofrecimiento no lleva sellos ni firmas”, añadió Diego, otro de los delegados, quienes en las últimas horas recibieron el asesoramiento legal de Miguel Soto, abogado y exoficial principal de la Policía de Corrientes.
Ante la resistencia de los okupas, Bottini estableció un cuarto intermedio por 15 días. En ese lapso, las partes evaluarán otras alternativas y observarán el avance de los proyectos, que serían estudiados en la Legislatura provincial y en el Congreso de la Nación, por iniciativa de la diputada provincial Sonia López (Partido Comunista) y el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Mijd), Raúl Castells.
El medidor les explicó que las empresas son sociedades independientes entre sí y que no tienen contacto entre ellas, pero que sin embargo, ambas se comprometen a urbanizar el espacio y hacerse cargo de los trabajos de trazado, desmonte y otras acciones indispensables. Pero luego habrá que gestionar ante los organismos pertinentes la llegada del agua potable y la energía eléctrica, así como el transporte urbano.
Pese a todo, los vecinos aseguran que la cuota de 300 pesos es elevada. En ese sentido, el mediador los instó a ser solidarios y colaborar en la búsqueda de un acuerdo que posibilite trazar un punto final en la discusión de intereses.
“Vamos a darnos un tiempo prudente, de 15 días, para ver qué hace el Congreso o la Legislatura, pero todos conocemos esos procesos legislativos y necesitamos hallar una solución cuanto antes. Si ustedes pagan estos terrenos, aunque sea en 11 años, siempre van a ser suyos y los heredarán sus hijos, porque no van a ser un regalo”, reflexionó Bottini en su contacto con los delegados.
Por otra parte, a los empresarios les transmitió que la negociación sigue abierta y finalizado el cuarto intermedio volverán a evaluar opciones, pero ya en base a contraofertas concretas. El mediador les hizo entender que las posibilidades son variadas. Que podrían, por ejemplo, proponer que las cuotas sean más bajas y el pago se extienda por un año más, o bien pedir seis meses de gracia para que la gente construya sus viviendas antes de comenzar a abonar las cuotas, entre otras alternativas.
Martes, 24 de julio de 2012
