Se busca el fortalecimiento de acciones que garanticen el acceso y la atención sanitaria para quienes se encuentran en situación de cárcel. Se implementará en todo el país.
Con el objetivo de mejorar la calidad en el acceso a la salud a aquellas personas privadas de su libertad, se oficializó un programa que apunta al fortalecimiento de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales de todo el país.
El Programa de Salud en Contextos de Encierro busca equiparar la atención sanitaria de las personas que están en libertad con la de quienes se encuentran en situación de encierro, como así también promover la adopción de un sistema de información estratégica que incluya la vigilancia epidemiológica, el monitoreo, y evaluación de calidad e impacto del programa.
Esta iniciativa, realizada en conjunto entre los ministerios de Salud y de Justicia de la Nación, busca el fortalecimiento de acciones que garanticen el acceso y la atención de salud de personas en situación de cárcel.
Actualmente, distintas áreas de la cartera sanitaria, como las Direcciones Nacionales de Maternidad e Infancia, Salud Mental, Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, y los Programas Nacionales de Salud Sexual y Procreación Responsable, de Control de la Tuberculosis, Remediar, y de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino, entre otros, trabajan conjuntamente para el logro de este objetivo.
Entre las acciones implementadas se destaca el incremento considerable de la distribución de métodos anticonceptivos entre las personas privadas de su libertad y los controles de salud para madres, niños y mujeres embarazadas dentro de los penales. También, el funcionamiento del programa Remediar, que considera a cada unidad penitenciaria como un centro de salud.
El programa fue oficializado el jueves, tras publicarse en el Boletín Oficial la Resolución 1.009, con los detalles de sus alcances y metas.
Acciones inclusivas
“Las personas privadas de su libertad tienen derechos, al igual que otros ciudadanos, y es nuestro deber que eso se cumpla. Por eso, el Estado tiene que asegurar que esta población pueda efectivizar sus derechos como el resto de las personas y, en este caso, el derecho de acceder a los servicios de salud”, consideró Guillermo González Prieto, subsecretario de Salud Comunitaria de la cartera sanitaria nacional.
Por su parte, la directora de Medicina Comunitaria, Silvia Báez Rocha, puntualizó que “las acciones de este programa están orientadas a tres aspectos principales: disminuir las tasas de morbi-mortalidad de patologías evitables; promover la implementación de las políticas públicas del Ministerio al interior de las unidades penitenciarias y alcaidías del país, y equiparar la atención sanitaria a la que se presta en el medio libre”.
Fundamentos
Entre los fundamentos de la medida, la norma destaca lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que posee jerarquía constitucional según lo previsto en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, y dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
El deber del Estado de garantizar el acceso a la salud de toda la población, no sólo lo obliga a proteger la ausencia de enfermedad. O sea que no sólo depende del efectivo acceso de todas las personas al sistema sanitario y atención médica, sino que implica la necesidad de brindar seguimiento y control oportuno, de modo de maximizar su bienestar físico, psíquico y social.
En lo referente a las personas que se encuentran privadas de la libertad, y conforme a lo regulado por la Ley 24.660 (art. 143), “el interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos. Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados le serán suministrados sin cargo”.
Martes, 17 de julio de 2012
