Debido al incumplimiento de lo acordado, el Concejo Deliberante de Curuzú Cuatiá trató el jueves un proyecto de resolución que insta al Gobierno provincial el envío de los fondos retenidos para el mantenimiento del servicio de alumbrado público.Los fondos se recibieron hasta julio 2010 y la deuda llegaría al millón de pesos.
“Pedimos al Gobierno de la Provincia el pago de lo adeudado en concepto de Alumbrado Público y el completo cumplimiento del convenio celebrado entre la Municipalidad de Curuzú Cuatiá y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), expresaron los ediles. El convenio se realizó en agosto de 2008, en el cual “el 6% de la tarifa residencial debería remitirse a la Municipalidad pero solamente recibió hasta julio 2010 y en ese entonces fue de 25 mil pesos mensuales”, expresaron durante la actividad de Concejo.
Según expresaron los ediles en total la mora llega a los 22 meses “y teniendo en cuenta los valores históricos superaría el medio millón de pesos, y podría ser más por los incrementos”, aseguraron desde el Municipio.
Esta demora presupuestaria genera preocupación en el Ejecutivo Municipal, ya que en calle Laprida al Norte, luego de Dean Funes, “cuatro o cinco luminarias se encuentran apagadas porque fue cambiada la línea de la DPEC que alimentaba una bomba que está más al Norte y esas columnas quedaron sin alimentación y por eso la oscuridad”, dijo Eduardo Ocampo, responsable del servicio de electrotecnia de la Comuna y agregó: “Es muy largo el tendido y no está a nuestro alcance”. Según informó el funcionario esto se replicó en calle Martín Fierro, en el barrio Villa Dolores, donde extendieron una línea de preensamblado pero de sólo tres conductores, dejando de lado los dos restantes para la alimentación del alumbrado público”.
En este contexto manifestaron desde la Comuna que el alumbrado público estuvo a cargo de la Provincia de manera deplorable y ante la demanda de la comunidad las autoridades curuzucuateñas acordaron con la DPEC el traspaso del servicio.
Sin embargo el proyecto volvió a Comisión con el compromiso cierto de que en un plazo de 30 días el Gobierno se reúna con el Municipio para llegar a un acuerdo ya que la sensación en la comunidad es que el servicio está siendo boicoteado en perjuicio de todos.
Los concejales radicales se comprometieron a gestionar esta posibilidad, en tanto el edil del Partido Liberal aconsejó que en caso de que esto no suceda se inicien acciones legales.
Lunes, 28 de mayo de 2012
