El ex interventor federal espera con mucha preocupacion que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resuelva si ratifica o no el fallo de primera instancia que declaró la prescripción de la acción penal que lo involucra en el mayor desfalco a dineros públicos en la historia de Corrientes (causa de los u$s 60 millones).
Semanas antes que se inicie la feria judicial en la provincia, el presidente del STJ, Carlos Rubín, le solicitó al Fiscal General, César Sotelo que le remita el expediente de la emblemática causa de los 60 millones de dólares, aquel emprestito concedido por el Banco Nación al municipio capitalino en tiempos de la intervención federal cordobesa. El crédito fue convertido casi en su totalidad en los tristemente célebres CECACOR para recién cancelar deudas con entidades oficiales (Ioscor e IPS).
El efectivo que quedaría tras el canje, desaparecería. Aguad sería procesado en su oportunidad, pero el fallo fue rebatido por un tribunal de alzada (cámara del crimen 1). Poteriormente un juzgado de primera instancia (Instrucción 5) dictaminaría la caducidad del caso, resolución ratificada por la cámara del crimen 1 y apelada por el municipio de Corrientes al máximo órgano judicial de la provincia.
La causa arribó a la fiscalía general donde quedaría prácticamente aletargado en el noveno piso del edificio de 9 de julio y San Juan. Los compromisos políticos de la administración radical y gran parte de la justicia dependiente se hicieron inocultables en la última década. Asimismo la nueva integración del Superior Tribunal de justicia y sus últimos fallos, estarían otorgándole una luz de esperanza y credibilidad a un proceso muy contaminado por el poder político.
Lunes, 23 de enero de 2012
