Estiman que el costo del aumento a los jubilados y la extensión de la emergencia por discapacidad superará el 1% del PBI.
Y solo podrá financiarse con otros recortes o más impuestos.
El revés que el Senado le aplicó al Gobierno podría poner en riesgo el superávit fiscal, aunque el costo estimado por las consultoras privadas está muy abajo del 2,5% del PBI que pregona el Gobierno.
El jueves por la noche, el Senado convirtió en ley tres iniciativas. Aprobó un incremento por única vez para los haberes de los jubilados del 7,2% por la inflación no reconocida de enero de 2024, junto a la actualización del índice de movilidad del bono que paga la Anses a los que cobran el haber mínimo, que treparía de $ 70.000 a $ 110.000 mensuales. Para la consultora Equilibra, el aumento de las jubilaciones tendría un costo fiscal equivalente al 0,2% del PBI para 2025 y al 0,42% para 2026, mientras que el bono supondría un costo de 0,16% en 2025 y 0,26% anualizado.
En segundo lugar se dispuso la prórroga de la moratoria previsional por dos años, con un costo anual de 0,08% del PBI en la estimación de Equilibra. Y por último, se extendió por dos años la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que tendría un impacto de 0,2% a 0,4%. "Milei ya adelantó que vetará todas estas leyes al considerar que atentan contra el equilibrio fiscal y, en caso de no ser respaldado por el Senado, irá a la Justicia", detallan desde la consultora.
A su vez, el Senado le dio media sanción a los proyectos de los gobernadores para repartir los fondos de los adelantos transitorios (ATN) y la recaudación del impuesto a los combustibles.
Más recortes o más impuestos
Para Lorenzo Sigaut Gravina, director de Equilibra, "hay solo dos alternativas para enfrentar este aumento del gasto: recortar otros gastos o subir impuestos".
Desde la consultora Analytica, el economista Claudio Caprarulo apunta: "nuestra estimación sobre el proyecto aprobado para las jubilaciones para este año es de un costo de 0,31% del PIB. Mientras en 2026 sería de 0,9%. Si incluimos el menor ahorro que genera también el proyecto sobre el impuesto a los combustibles y los ATNs, vemos que se compromete el superávit financiero, pero no así el primario. Según el acuerdo con el FMI en 2026 este último se proyectaba en 2,2%, con estas medidas pasaría a ser de 0,94%".
Para C&T Asesores Económicos, "el costo fiscal anual de las medidas supera el 1,3% del PBI, si bien en 2025 el impacto podría ser menor, aunque para 2026, por el contrario, podría ampliarse aún más".
"Esto implica que el superávit primario, cuya meta pasó de 1,3% a 1,6% del PBI prácticamente desaparecería, por lo que rompería el ancla del programa económico. El financiamiento necesario pondría presión sobre el mercado financiero y las expectativas de inflación a la baja se pondrían en juego", agregaron.
En cuanto a la actualización del bono "el costo inicial mensual es de $ 189.634 millones, según un cálculo realizado por C&T en base al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El costo en lo que resta de 2025 sería de $ 1.547.057 millones, lo que implica un 0,18% del PBI. Anualizado, el costo de la suba y ajuste por movilidad del bono sería de 0,31%".
El aumento extraordinario de 7,2% llegaría a 7,5 millones de personas y se incorporarían al beneficio, por lo que se sumarían a la base sobre la cual se aplicará la movilidad mensual de ahora en más. C&T detalla que el costo mensual inicial es de $ 241.988 millones. "Así, proyectando el ajuste de lo que resta de 2025, el costo de la suba a jubilaciones sería de $ 1.795.956 millones, lo que implica un 0,21% del PBI". Anualizado, el costo fiscal de la suba de 7,2% incorporado al haber sería de 0,36% del producto.
La reapertura de la moratoria previsional por dos años, según estimaciones de la OPC, implicaría la incorporación de 441.226 nuevos beneficiarios. El costo fiscal sería de 0,084% del PBI en lo que resta de 2025, y de 0,165% anualizado.
La extensión de la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2027 implica cambios en las condiciones para recibir ayudas, compensaciones de emergencia para prestadores y otras medidas. "El impacto fiscal fue realizado por la OPC en los ítems en los que tenía información, por lo que su efecto probablemente sea más elevado desde el punto de vista fiscal. En principio, el costo sería de 0,33% del PBI, aunque podría ser de 0,45% del PBI, cifra que se estima para el segundo año", menciona C&T.
El costo total del paquete para C&T sería de 0,8% este año y de 1,29% anualizado. Para el economista Fernando Marull el impacto del incremento de las jubilaciones será del 1% del producto. "La verdad es que el financiamiento es impracticable".
Sábado, 12 de julio de 2025
