La decisión abarca a las ferias Urkupiña, Ocean y Punta Mogote.
Qué requisitos que deberán cumplir.
Luego de semanas de protestas y el pedido de los feriantes, la Justicia ordenó la apertura de las ferias que componen La Salada. Deberá haber un veedor judicial, de la Municipalidad y de ARCA (ex Afip) pero todavía no hay fecha definida para la reapertura, aunque según pudo saber Clarín pretenden que sea este fin de semana.
La solicitud había sido presentada por dos abogados vinculados a la feria Urkupiña pero el juez federal Luis Armella decidió levantar la clausura también en Ocean y Punta Mogote al considerar el perjuicio económico para los miles de trabajadores afectados.
Se cree que hay más de 50 mil personas vinculadas al funcionamiento de las ferias con trabajos formales e informales que se vieron afectados por el cierre en medio de una investigación por evasión fiscal, asociación ilícita, lavado de activos y comercialización masiva de productos con marcas adulteradas o falsas.
En su momento, Armella consideró que autorizar la clausura, era una "medida idónea para cesar los delitos investigados y evitar la obtención de ganancias ilícitas por la venta de productos textiles con marcas adulteradas o falsas".
La causa, investigada por la Fiscal Federal Cecilia Incardona, acusó a Jorge Castillo, Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Antequera (prófugo de la justicia), de obtener "ganancias millonarias informales que luego incorporaban a la economía formal mediante inversiones en el mercado financiero y la adquisición de bienes y servicios", y que "su abultado patrimonio y nivel socioeconómico eran evidencia de esto".
Castillo cayó junto a su familia: quedaron detenidos su hijo Manuel, su esposa Natalia Paola Luengo y su suegra Margarita Nilda Arrieta, además de sus socios. Hubo 60 allanamientos y órdenes de detención. Cerrar las ferias había sido una herramienta para obligar a que se entregaran los prófugos, entre ellos Antequera.
Al momento, durante la investigación, secuestraron 26 vehículos, dos embarcaciones y 13 propiedades, seis de ellas pertenecientes a Antequera, quien de acuerdo a la acusación usaba testaferros para registrarlas.
Los puestos están registrados en las empresas Punta Mogote S.C.A., Urkupiña S.A., Cooperativa Ocean y Megapolo La Salada.
Además, relevaron que casi el 70 por ciento de la mercadería secuestrada estaba en infracción a la ley de marcas.
Las condiciones para la reapertura
Ahora, y como condición para la reapertura, Armella delegó en la fiscal Incardona la fecha y ejecución de la medida. También dispuso la "prohibición de innovar sobre los activos de las sociedades".
Las ferias volverán a funcionar pero intervenidas. Tendrán 90 días para designar uno y que suplante a la administración actual con el objetivo de "regularizar la situación fiscal, llevar registro contable, realizar inventarios, analizar pasivos, determinar vinculaciones con otras empresas e informar mensualmente sobre ingresos y egresos de dinero".
También deberá garantizar que estén registrados inquilinos y puestos alquilados, y que se instalen sistemas bancarizados en los predios que solo podrán cobrar bajo esa modalidad.
El fallo ordena que haya intervención del Municipio de Lomas de Zamora, del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, de ARBA, del Banco Provincia, del Ministerio de Seguridad y de Arca para fiscalizar los movimientos, realizar controles y la "transparencia".
El Sindicato único de Trabajadores de Ferias de Argentina presentó un "amicus curiae" a través de sus abogados, en el que pedían el levantamiento de la clausura para "garantizar condiciones de trabajo dignas y asegurar la continuidad laboral de un colectivo que supera los 48.000 feriantes, número que se triplica si se consideran las actividades conexas —como las desarrolladas por carreros, puestos de alimentos, remiseros, entre otros—, muchos de los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad y dependen de esta actividad como medio principal de subsistencia propia y de sus familias".
Ese pedido también fue tenido en cuenta por Armella en su resolución. No bien se conoció la medida, puesteros de todas las ferias se acercaron a La Salada con la urgencia de la desesperación: muchos perdieron mercadería, otros improvisaron puestos en las calles, otros migraron a La Dulce, otra mega feria cercana y otros a Flores.
Pero todos esperaban poder abrir antes del fin de semana en la previa del Día del padre.
La Salada es desde hace décadas al feria más grande de Latinoamerica, desde donde se abastecen revendedores de ropa de todo el país. El negocio es millonario y viajan miles de personas por semana, incluso desde países limítrofes, para comprar en Ingeniero Budge.
No es la primera vez que hay investigaciones alrededor del funcionamiento de la feria y de sus organizadores.
En junio de 2017, en un allanamiento en su casa de Luján, Jorge Castillo se resistió a los tiros cuando fueron a detenerlo: hirió a un policía del Grupo Halcón que lo sorprendió en su dormitorio. La orden era de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la investigación por asociación ilícita y extorsión.
Castillo estaba acusado de coordinar y administrar a través de barrabravas, mediante amenazas y extorsión, puestos instalados en la calle alrededor del predio de las ferias. Cobraba alquileres ilegales a las personas por instalar puestos en la calle. El negocio no era menor: se trataba de 10 mil puestos, además de cánones para cuidacoches, vendedores de ambulantes y hasta remiseros.
Nadie hacía plata en La Salada sin pagarle, de alguna manera u otra, a Castillo o a su gente.
Esa irregularidad llevaba años y creció al ritmo irrefrenable de La Salada: llegó hasta que se anularan calles enteras con estructuras de metal por las que cobraban alquileres altísimos. Aquella causa en la justicia Bonaerense tuvo 48 imputados de los cuales 38 fueron condenados a penas de entre tres y ocho años por daño calificado, encubrimiento agravado, estafa en grado de tentativa y tenencia de armas de guerra. Castillo no aceptó el abreviado y espera fecha de juicio frente a un tribunal, aunque todavía sin fecha después de 9 años.
Esa investigación determinó que Castillo lideraba tres asociaciones ilícitas que usaban armas y amenazas para extorsionar puesteros mediante una organización delictiva que golpeaba a quienes se negaban a pagar lo que les exigían.
En marzo de 2019, la Justicia Federal ya había investigado a Castillo luego de que AFIP lo denunciara por la supuesta evasión de $ 350 millones. El Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, lo procesó por lavado de dinero, evasión impositiva, asociación ilícita y violación de la ley de marcas. La Cámara Federal de La Plata lo excarceló, sostuvo la acusación sólo por la evasión impositiva y le dio prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Esa causa también fue elevada a juicio pero no se realizó el debate y tampoco fue condenado.
Ahora, una nueva causa apunta contra esta estructura que mueve millones. El trasfondo sería un informe de Estados Unidos. La Salada aparece en el reporte de los mercados más importantes de falsificación y piratería en el mundo realizado por la Secretaría de Comercio de Estados Unidos.
"La Salada alberga a unos 8.000 vendedores y facilita la venta y distribución internacional de productos falsificados fabricados en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires. El mercado ha estado funcionando por más de 30 años y actualmente también se publicita en redes sociales y cuenta con su propio sitio web", lo describen.
Y cuestionan: "La depreciación de la moneda argentina ha incrementado el atractivo del mercado para compradores no solo de Argentina, sino también de países vecinos. En 2024, La Salada continuó atrayendo tours de compras provenientes de países como Brasil y Uruguay".
Viernes, 13 de junio de 2025
