Sostuvo que la magistrada no es imparcial. Desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), rechazaron el reclamo y advirtieron la gravedad institucional que representaría acceder a esa solicitud.



El exfiscal federal de Paso de los Libres, Antonio Benito Pont, fue procesado junto a otros 18 presuntos implicados, en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. A Pont, además de procesarlo como partícipe en el delito, le sumaron encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento a los deberes de funcionario público. Fue imputado el año pasado y entonces presentó su renuncia. En su declaración indagatoria reconoció los vínculos con los otros imputados.
Pero el exfiscal cuestionado salió a pedir que aparten a la jueza del caso alegando que no es imparcial.
Desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Persona (Protex) aconsejaron rechazar el planteo.
En Paso de los Libres, funcionaron por años varios prostíbulos que no bajaron su actividad ni siquiera cuando eran investigados por las reiteradas denuncias de explotación sexual y trata de personas que recibía la Justicia.
Una investigación de la Gendarmería, con supervisión del Juzgado Federal, descubrió que la organización de proxenetas estaba amparada por gente poderosa, entre los que estaba el fiscal federal que supuestamente investigaba: Benito Pont. Hace dos semanas, los fiscales federales que se hicieron cargo de la causa le pidieron a la jueza Cristina Pozzer Penzo el procesamiento de 18 personas, entre ellas a Benito Pont.
Ayer, desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, rechazaron el pedido contra Pozzer Penzo por “la gravedad institucional que representaría su apartamiento”.
La argumentación de todo el pedido de recusación de la jueza, que fue presentada hace una semana, se basa en que a Pozzer Penzo, en una entrevista que dio a un diario nacional el año pasado, la definían como “una luchadora contra el delito de trata”.
Citaron un textual de la jueza: “No se puede ser indiferente frente a esta atrocidad. Hay relatos crueles del sufrimiento de víctimas, destruidas en su personalidad a niveles de cosa o animales por sus explotadores”.
El fiscal general Marcelo Colombo, al frente de la Protex, rechazó el pedido de recusación ante los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.
“Con respecto al temor de parcialidad pretendido por la defensa, tampoco encontramos ningún fundamento válido para inferir que tal temor pueda derivarse de los supuestos dichos de la magistrada que fueron plasmados en la nota periodística que acompañan”, sostuvo .
Colombo manifestó que “no hay ninguna opinión sobre el caso concreto ni adelanto del temperamento a adoptar respecto de los imputados en este proceso”, sostiene Colombo en su escrito.
Y continúa: “Si siguiéramos la descabellada línea de análisis de la defensa oficial, ello llevaría a la absurda consecuencia de que la magistrada no podría actuar en ninguna causa en la que se investigara trata de personas. Pues al ser su postura una referencia general, las consecuencias deberían extenderse también en el orden general. Es decir, para el total de casos de esta especie, consecuencia que resultaría a todas luces absurda”.
“Su descripción de lo que significa jurídicamente un supuesto de trata de personas: una ‘enorme atrocidad’, una ‘destrucción de la personalidad, a nivel de cosas’ es lo que ha llevado a la comunidad jurídica internacional a incluir este delito como una de las formas más severas de violación de los derechos humanos y especialmente de las mujeres”, aseguró Colombo.
El fiscal de la Protex cita numerosos tratados internacionales y convenciones sobre derechos humanos que prohíben la esclavitud, las formas análogas a la esclavitud y la explotación de la prostitución de la mujer.
El pedido de procesamiento de los fiscales federales a 18 personas de familias acomodadas de Paso de los Libres era porque “formaron parte de una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual”.
Los locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento” y “Hotel Momentos”, ubicados por ruta nacional Nº 117, entre los kilómetros 8,5 y 7,5, donde hubo actividad ininterrumpida al menos entre 2010 y 2016.
Explicó que uno de los líderes de la organización “aseguró su impunidad ante la Justicia Federal de Paso de los Libres a partir de su influencia sobre su amigo y exsocio comercial, el entonces fiscal federal de la jurisdicción, Benito Pont y de José María Viero, quien tenía autoridad en la ciudad en virtud de su alto rango en la Gendarmería –comandante mayor retirado– e influencia política en razón de los destinos de gran relevancia en los que trabajó, como la Dirección de Inteligencia o la Casa de Gobierno nacional como custodio presidencial”.
En la causa hay declaraciones testimoniales de mujeres explotadas (hay identificadas 38), todas en extrema situación de vulnerabilidad (pobres, con hijos pequeños a cargo, sostenes principales de hogar, con bajo nivel de instrucción), que detallaron golpes, maltratos, sistemas de multas y amenazas para que no se escaparan ni denunciaran a sus explotadores.
Aseguraron que hombres de distintas fuerzas iban a los prostíbulos a exigirles sexo con sus uniformes puestos, de médicos que sabían de sus golpes y abortos, de abogados que las amenazaban y de empleados de la Justicia que les hacían firmar declaraciones ya escritas.

Jueves, 7 de septiembre de 2017